|| Ramón Guillermo Aveledo
De los grandes pasos dados por la democracia es contar con una justicia constitucional que defienda las libertades, derechos y deberes bajo la guía de la constitución, cuyos principios, garantías y organización del poder público asegura. Un tribunal constitucional idóneo, independiente y honesto es el árbitro final que resuelve controversias, evita conflictos y protege el orden constitucional al servicio de todos.
Los ejemplos de Alemania con su Tribunal Constitucional Federal de la Ley Fundamental de postguerra y España con su Tribunal Constitucional de la carta de 1978, son demostración elocuente de esa importancia decisiva y con la atención que la distancia, las diferencias y las naturales imperfecciones humanas aconsejan, verdaderos modelos a seguir para democracias que buscan estabilizarse luego de períodos de crisis.
Pongo el acento en España porque el 12 celebra su Día Nacional y en menos de dos meses los cuarenta y cuatro años de la constitución que le ha dado estabilidad en la libertad, progreso y prestigio internacional sin precedentes, últimamente impugnada por extremismos y populismos de izquierda, derecha y secesionismo.
Papel protagónico en su consolidación tuvo Don Manuel García-Pelayo, notable jurista y politólogo que sin exageración podríamos considerar padre de los estudios políticos venezolanos, quien fue llamado después de décadas de fértil exilio en Venezuela a presidir el primer Tribunal Constitucional entre 1980 y 1986. Su sabiduría, dice Aragón, comprendía al Derecho Constitucional “como disciplina integradora de diversos saberes: jurídico, histórico, político y sociológico”, lo cual la distancia de rigideces estrechas.
El año pasado se publicó su libro Inédito sobre la Constitución de 1978, en el cual está el dictamen por él llamado “informe” que a pedido de los senadores de Unión de Centro Democrático en agosto de aquel año, de receso en la UCV, elaborara el ilustre desterrado. En el Estudio de Contextualización Vila anota. “Siempre hermético y recio, el jurista, que estaba de año sabático en España cuando recibió el encargo, guardó en secreto su participación en el proceso…”
El trabajo se publica ahora ya fallecido el autor, así que nunca sus criterios serían objeto de controversia interesada, sea política o jurídica.
Un tribunal constitucional con especialistas en la disciplina, docto no sectario, justo nunca partidista, es clave para evitar la ruina de una constitución y de un país.
