|| Luis Chunga
**El sector construcción resulta el más perjudicado por la falta de financiamiento, a pesar que genera cantidad de empleos y ayuda otros mercados de la economía***
Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de Fedecámaras, propuso la necesidad de una reforma tributaria integral, «ante la elevada carga fiscal que tiene el sector». Consideró que es la mejor forma para acabar con la informalidad, al recordar que en varias oportunidades ha propuesto al Gobierno, nacional y local, que se analicen todos los impuestos que se pagan, «pero el gremio no tiene respuesta».
La dirigente empresarial subrayó que uno de los principales problema es la denomina “voracidad fiscal”, un fenómeno que, explicó, se observa con especial intensidad en varios municipios del país.
“La presión fiscal, no sólo se traduce en un aumento de impuestos, sino también en el incremento de tarifas por servicios públicos que no se corresponden con su calidad. «Las tarifas están aumentando considerablemente, mientras los servicios son deficientes o incluso inexistentes».
También mencionó la falta de créditos para las empresas, la incertidumbre generada por la devaluación del bolívar y el incremento del dólar, así como la elevada carga impositiva y los altos costos de los servicios básicos, como parte de los desafíos que enfrentan actualmente las empresas del sector comercio en toda la nación.
Justamente, dijo que el sector construcción resulta el más perjudicado por la falta de créditos, a pesar que genera cantidad de empleos y ayuda otros mercados de la economía nacional.
LLAMADO A LAS ALCALDÍAS
La segunda vicepresidenta de Fedecámaras propuso que las alcaldías busquen simplificar trámites para facilitar la formalización de negocios informales.
“La presión ejercida por las autoridades locales ha incrementado la informalidad y ha limitado las oportunidades para los emprendedores, estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones tributarias, pero creemos que debe hacerse de manera justa”, indicó. Polesel denunció que en Venezuela los impuestos son «exorbitantes», donde los ciudadanos pagan el doble en comparación con países como Chile o Perú.
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