|| Ramón Guillermo Aveledo
La comisión correspondiente de la Constituyente chilena ha resuelto por la mínima diferencia, proponer la eliminación del Senado de ese país, venerable cuerpo parlamentario del cual fue influyente miembro por un buen rato Don Andrés Bello. Su tradición que data de 1812 es la más antigua de Latinoamérica. Siempre ha estado allí con voces como Frei y Allende, Tomic y Neruda, Aylwin y Alessandri, Ampuero, Rettig y González Rojas. Falta que la iniciativa logre mayoría suficiente en el plenario, de lo cual no estoy seguro y no lo deseo. Entre nosotros, aprovecharé la circunstancia para animar una meditación sobre el tema.
No es difícil defender la eliminación de un cuerpo parlamentario y menos en estos tiempos de revolución tecnológica, impaciencia e insatisfacción que reclaman resultados, declinación de la deliberación serena y auge de populismos. No es difícil, ciertamente pero ¿Es sensato? ¿Es necesario? ¿Qué se gana con eso?
En nuestra América del Sur, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay tienen Senado. Ecuador lo eliminó en 1979 y así lo mantuvo la “revolución ciudadana” de Correa. Perú lo hizo en 1992 en tiempos de Fujimori y Venezuela en 1999. Si nos atenemos al texto de la Exposición de Motivos de la Constitución aquí, el argumento fue “simplificar el proceso de formación de las leyes, reducir los costos de funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicidad de órganos de administración y control y la duplicación de comisiones permanentes, entre otras cosas…” Así se despachó una tradición constitucional desde 1811.
No propondré evaluar hasta que punto aquellos supuestos eran ciertos y si los propósitos se han cumplido. Esa respuesta la sabemos y no busco provocar innecesarias confrontaciones ni aspiro a admisión de errores por parte de quienes tan poca autocrítica demuestran. Pero sí valdría la pena evaluar el rendimiento de la institución en estos años y qué reformas amerita.
La institucionalidad pública es un entramado para el desarrollo de los fines de la democracia en cuanto libertades y derechos, convivencia en paz, justicia y progreso. Cada decisión relativa a ellas debe fundarse en el estudio profundo del interés nacional.
La cuestión me interesa. Fue mi trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, publicado en libro El Senado, experiencia comparada y utilidad para la democracia en Venezuela, por cierto con prólogo del senador Andrés Zaldívar Larraín, eminente chileno.
