|| Ramón Guillermo Aveledo
“Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político”, afirmó el recién fallecido Benedicto XVI en septiembre de 2011 ante el Bundestag, la cámara política del parlamento de su país de origen, la que determina la formación del gobierno federal y predomina en la legislación y el presupuesto. La otra, el Bundesrat es la de representación regional.
Los alemanes, dijo, “sabemos por experiencia”, la dolorosa y costosa del nacional socialismo, cómo el poder se separó del derecho, lo enfrentó y pisoteó, al punto de convertir al Estado en instrumento de su destrucción, transformándose en “una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar al mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo”.
Abogado de profesión, recuerdo bien las lecciones de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional en una facultad ucevista que tenía el lujo de profesores como Calvani, Pizani, Castro Leiva y Zambrano Velasco o Casal, Escovar Salom, Planchart, Andueza y Provenzali Heredia. No confundo los planos, de ellos no recibí lecciones de rigidez que apoyen rabulesca hipocresía, porque la política es más ancha y más profunda que un proceso judicial, pero también aprendí a comprender que el derecho, obra estatal, establece cauce y límites para el poder, así como posibilidades y medios para que las sociedades lo vayan transformando, de acuerdo a su necesidad. Lo que Gallegos llamaba “el imperio de las leyes bien cumplidas” y Andrés Eloy con su metáfora del pueblo alfarero que “va haciendo la múcura a la medida de su agua…va llenándola de agua a la medida de su sed”. Adivino la sorna, un novelista y un poeta, políticos ambos. El déficit de humanismo lleva a perder de vista las dimensiones social, histórica del derecho.
La legalidad no se defiende moldeándola cual plastilina. Nadie está por encima de la constitución ni ésta está por encima de sus fines. No es verdad que todo vale. Desde el poder o fuera de él hay límites, antes que todo éticos. Y es principio más que sabido que una parte interesada puede defender lícitamente su interés con todo vigor, pero nunca ponerse en posición de juez. No le corresponde.
Ante los parlamentarios de su patria, el pontífice que hace poco partió a la eternidad, citó a San Agustin: “Quita el derecho y entonces ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos”?. La historia de los pueblos en los cinco continentes lo corrobora.
