|| Ramón Guillermo Aveledo
La Constitución establece el marco para el funcionamiento del Estado venezolano y la relación entre los ciudadanos y el Poder Público. Esa es la red que nos da seguridad. Nada ni nadie puede asegurarnos que todos nos portaremos bien siempre, es el orden constitucional y legal del Estado de Derecho el que nos protege con un marco eficaz para evitar las trasgresiones, detectarlas, investigarlas, juzgarlas y sancionarlas y para resolver los conflictos.
Cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, pero sus órganos colaborarán en la realización de los fines del Estado, pauta el final del artículo constitucional que establece la distribución territorial y la división funcional del poder. Los fines no son los que quiera el que manda, sino los que señala tempranito la Carta Magna para ser la sociedad que queremos ser: libre, justa, pacífica, próspera que defienda la persona y respete su dignidad.
Así como el gobierno gobierna, el Poder Legislativo que es autónomo, representa, legisla y controla. El Poder Judicial que administra justicia es independiente. La imparcialidad e independencia de los jueces es nítida y expresa voluntad constitucional. El Poder Ciudadano, también independiente y sus órganos, como la Contraloría y el Ministerio Público, son autónomos. A la Contraloría incumbe el control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos y bienes del Estado. A la Fiscalía garantizar el respeto a los derechos y garantías en los juicios así como la celeridad y buena marcha en la administración de justicia; también ordenar y dirigir la investigación penal de los delitos y copio textualmente: “Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Los responsables de cada uno de esos órganos son elegidos conforme a una normativa diseñada para asegurar su imparcialidad e idoneidad. Además, el gobierno, también es constitucional, organizará cuerpos de policía nacional uniformada y de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Cada uno con reglas de profesionalismo, funcionamiento y disciplina.
Si todo funciona, de verdad, como está previsto, no hay problema sin solución.
Más vale prevenir que lamentar. Y la Constitución previno, si la cumpliéramos tendríamos mucho menos qué lamentar.
