La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró este miércoles que «bajo ninguna circunstancia» se puede administrar una vacuna a la fuerza, en un momento en el que varios países barajan la vacunación obligatoria para enfrentar las nuevas olas de covid-19.
En un seminario sobre buenas prácticas y acceso a vacunas y tratamientos, la alta comisionada subrayó que si se imponen vacunaciones obligatorias estas deben aplicarse con cierta flexibilidad y determinadas excepciones, por ejemplo en personas a las que el fármaco esté contraindicado.
En estas circunstancias, puede ser aceptable condicionar a la vacunación el acceso a escuelas, hospitales y otros espacios públicos, o determinadas consecuencias legales, como multas «proporcionales y sujetas a revisión por las autoridades judiciales», afirmó.
Por otro lado, antes que la vacunación obligatoria solo debe considerarse si otras medidas menos intrusivas, como el uso de mascarilla o el distanciamiento físico, no han conseguido los objetivos de protección sanitaria buscados.
«La vacunación obligatoria debe seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», afirmó la expresidenta chilena.
Este jueves la OMS informó que África concentra 46% de los cerca de 1.000 casos de la nueva variante ómicron del coronavirus, sin embargo, subrayó que las restricciones de viaje impuestas a naciones del sur del continente siguen sin tener justificación.
«Con ómicron presente en cerca de 60 países globalmente, las prohibiciones de viaje que afectan principalmente a países africanos son difíciles de justificar», dijo este jueves en un comunicado la directora regional para África de la OMS, Matshidiso Moeti.
Hasta el momento, la variante ha sido registrada en 11 naciones de África, incluidas Túnez en el norte, Nigeria, Ghana y Senegal en el oeste, Uganda y Mozambique en el este y Zambia, Zimbabue, Botsuana, Namibia y Suráfrica en el sur.
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