El fiscal Omar Mejillones comunicó la presentación de la acusación formal después de haberse realizado la investigación, que incluyó movimientos bancarios.
El Ministerio Público de Bolivia presentó la acusación formal en contra del excívico Luis Fernando Camacho, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y otros seis acusados por las acciones de violencia que resultaron en el desalojo del poder del expresidente Evo Morales en 2019.
Como parte de la petición del Ministerio Público, se realizó la acusación formal también para el excívico de Potosí Marco Pumari, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, así como el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández, y del excomandante de la institución armada, Carlos Orellana.
El ente solicitó para Luis Fernando Camacho y otros tres acusados la pena de 20 años de cárcel. Camacho se encuentra detenido preventivamente desde el 28 de diciembre de 2022 en el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, por el caso Golpe de Estado I. López, Kaliman y Calderón están prófugos de la justicia.
El fiscal Omar Mejillones comunicó la presentación de la acusación formal después de haberse realizado el proceso investigativo, en el que se recopilaron elementos probatorios como los movimientos bancarios de Luis Fernando Camacho durante el conflicto de 2019, así como la declaración del ayudante Williams Kaliman, que denunció los vínculos con Luis Fernando López.
También la Fiscalía aportó materia probatoria en el que Luis Fernando Camacho reveló en un video que su padre, José Luis, arregló con militares y policías para no apoyar a Evo Morales.
Previamente los oficiales policiales, encomendados de la seguridad interna, se insubordinaron y la cúpula militar le sugirió a Morales abandonar la responsabilidad.
Al proceso se aportaron 131 declaraciones de testigos que participaron de reuniones y acciones durante los conflictos de 2019, así como declaraciones de los acusados.
La fiscalía cuenta con 133 pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, y otros elementos probatorios que apoyan la acusación formal.
Según la investigación, se informó que Jeanine Áñez y Marco Pumari se encuentran con detención preventiva.
En el caso de Áñez cuenta con una sentencia ejecutoriada de 10 años por el caso Golpe de Estado II o la forma cómo se hizo del poder, en sesiones del Senado y de la Asamblea Legislativa sin quórum y al margen de la línea de sucesión.
La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, finalizando el 2020, presentó la denuncia a la que se añadió el Ministerio de Gobierno.
La acusación formal conduce al juicio penal por delitos, como terrorismo, que tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Con información de Primicia
