Una nueva norma del gobierno de Estados Unidos anunciada el jueves tiene como objetivo acelerar el proceso de solicitud de asilo en la frontera sur para un grupo limitado de personas que se crea que han cometido delitos graves o tienen vínculos terroristas y, en última instancia, deportarlos de forma expedita del país.
El cambio surge mientras el gobierno federal ha tratado de demostrar a los votantes que tiene tiene el control en la frontera sur en un año electoral en el que la inmigración es un tema clave.
Los republicanos han criticado constantemente al gobierno del presidente Joe Biden por políticas que, según dicen, han agravado los problemas en la frontera sur.
En un comunicado emitido para anunciar los cambios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) dijo que los migrantes que son considerados una amenaza pública son detenidos, pero que se determina si son elegibles para recibir asilo hasta más adelante en el proceso.
En virtud de la regla propuesta, los funcionarios de asilo que evalúan los casos en una etapa inicial conocida como examen de miedo creíble —que se produce días después de que una persona llega al país— ahora podrán tomar en cuenta los antecedentes penales o los vínculos terroristas a la hora de decidir si alguien debe ser deportado del país.
“Esto permitirá al DHS expulsar de manera expedita a individuos que representen una amenaza para Estados Unidos mucho antes de lo que es actualmente posible, protegiendo mejor la seguridad de nuestra frontera y de nuestro país”, señaló el departamento en el comunicado.
Bajo la ley actual, existen ciertas barreras obligatorias que hacen que las personas sean inelegibles para recibir asilo, por ejemplo, si han sido condenadas por un crimen particularmente grave.
Pero normalmente entran en juego cuando un juez de migración toma una decisión final sobre si alguien recibe el asilo y ese proceso puede tomar años. Los migrantes suelen estar detenidos durante este tiempo, dijo el departamento.
Cuando la norma entre en vigor, los funcionarios de asilo podrán considerar las pruebas de vínculos con el terrorismo, por ejemplo, y utilizarlas como base para una denegación.
La agencia no proporcionó cifras sobre cuántas personas se verían afectadas por la determinación, pero indicó en el comunicado que era un número pequeño.
Los republicanos criticaron rápidamente los cambios debido a que los consideraron insuficientes.
En un comunicado, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark E. Green, señaló que era un “intento poco serio y políticamente motivado de abordar un problema importante que el propio gobierno de Biden creó”.
Además de la norma anunciada el jueves, el gobierno federal está considerando una acción ejecutiva más amplia para implementar medidas migratorias más estrictas en la frontera.
Sin embargo, el momento en que se anuncie depende en gran medida de si aumenta el número de cruces ilegales.
Después de alcanzar un máximo histórico en diciembre, los cruces ilegales han disminuido en los últimos meses en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
En virtud de la ley estadounidense y la internacional, cualquier persona que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo. Personas de todo el mundo viajan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de esa protección.
Para que se les conceda el asilo, deben demostrar persecución o miedo de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.
Es un estándar muy alto y la mayoría de las personas que solicitan asilo finalmente no cumplen con los requisitos. Pero el proceso puede durar años en los tribunales de migración sobrecargados.
Los críticos han cuestionado si el sistema de asilo debería modificarse drásticamente para hacerlo más restrictivo, mientras que otros señalan que Estados Unidos tiene la obligación moral de proteger a las personas que huyen para salvar sus vidas.
El año pasado, el gobierno federal anunció otra norma destinada a restringir el proceso de asilo, pero de forma mucho más amplias que la anunciada el jueves.
Esa norma hizo extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo, a menos que utilicen una aplicación gubernamental para concretar una cita o que hayan intentado buscar protección en un país por el hayan pasado de camino a Estados Unidos.
Los opositores dijeron que es esencialmente un refrito de medidas similares del expresidente Donald Trump e interpusieron una demanda. El gobierno de Biden señaló que hay diferencias sustanciales entre su norma y lo que intentó Trump.
Esa norma sigue en vigor mientras el asunto se dirime en los tribunales.
En general, los defensores de los derechos de los migrantes se han mostrado reacios a cualquier medida que pretenda endurecer el examen inicial de miedo creíble.
Afirman que los migrantes a menudo realizan estas entrevistas inmediatamente después de haber sobrevivido a viajes peligrosos y potencialmente mortales hacia Estados Unidos, y que estas evaluaciones iniciales de miedo creíble están diseñadas para tener un umbral más bajo que las determinaciones finales de asilo, para que las personas no sean deportadas injustamente.
Gregory Chen, el director de relaciones gubernamentales para la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que las normas que prohíben el asilo a personas con antecedentes penales o terroristas son importantes para proteger al país.
Pero le preocupa que estos cambios aceleren lo que ya es un análisis jurídico “muy complejo”.
“En esa etapa inicial, pocos solicitantes de asilo tendrán la oportunidad de buscar asesoramiento jurídico o tiempo para comprender las consecuencias,” dijo.
“Con el proceso actual tienen más tiempo para buscar asesoramiento jurídico, preparar su caso y apelarlo o solicitar una exención”, añadió.
La nueva norma entrará en vigor después de un periodo de comentarios de 30 días.
