El gobierno argentino evalúa disolver alrededor de 60 organismos del Estado. La decisión, que se concretaría a través de uno o de una serie de decretos y forma parte de los planes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El Gobierno todavía no definió la fecha en que las nuevas normas comenzarán a salir a la luz. “Está la decisión política para avanzar, pero no está definido ni el plan de trabajo, ni el listado de organismos”, dijeron funcionarios de Casa Rosada.
La ola de disoluciones de organismos, según confirman en el Gobierno, deberá concretarse dentro de los próximos 12 meses. Ese es el plazo de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei para firmar esos decretos.
La delegación lo habilita a “modificar o eliminar las competencias y funciones”, sin pasar por el Congreso de la Nación. Se trata de una de las potestades que le otorgó la Ley Bases, cuya promulgación se concretó el 8 de julio. Por eso, el plazo es prioritario en la gestión.
Entre los primeros organismos a los que apuntará el Gobierno aparece el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuyo cierre se anunció en febrero, pero todavía no se implementó. En la lista también figuran el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve), entre otros.
Según detallaron distintas fuentes, la idea de avanzar con los cierres va en línea con la decisión de reducir el volumen del Estado, sin pasar por el Congreso, y avanzar con el achicamiento de la cantidad de empleados de la planta pública.
Sobre el destino de miles de empleados, el gobierno ha dicho que deberán buscar otro oficio, pero de momento no hay políticas de generación de empleo.
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