La violencia que padecen miles de personas en Colombia que viven en zonas donde operan grupos armados ilegales conduce a la pobreza y a su vez la precariedad hace a sus pobladores más vulnerables a los armados, concluyó el miércoles un enviado especial de la ONU.
“Hay un círculo vicioso entre la pobreza y la violencia en el país”, dijo a The Associated Press Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos al concluir la visita a Colombia que inició el 26 de agosto.
El experto señaló que en las zonas donde los grupos armados ilegales ejercen parte del control se suelen imponer restricciones de movilidad a los pobladores, lo que dificulta que la población tenga acceso a servicios básicos, trabajo y educación y se afecte la economía local debido a que los comerciantes pueden cerrar sus negocios bajo amenaza o huir de la zona.
“La violencia conduce a la pobreza, al mismo tiempo, la pobreza conduce a la violencia, porque cuando los adultos jóvenes no tienen perspectivas económicas tienden a unirse a las bandas armadas o ser reclutados; cuando los campesinos que cultivan hojas de coca no tienen alternativas, seguirán produciendo cultivos ilícitos y alimentando el negocio del narcotráfico de los grupos armados”, agregó De Schutter.
La violencia continúa viva en Colombia pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el que abandonaron las armas que empuñaron durante cinco décadas. Tras la salida de la guerrilla, otros grupos ocuparon el vacío en los territorios donde operaba y actualmente se disputan el control de las economías ilícitas.
Más de ocho millones de personas son reconocidas por el Estado como víctimas del conflicto armado que se extendió por décadas. Actualmente, siguen las afectaciones humanitarias y, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), entre enero y mayo de este año aumentaron un 49% los desplazamientos masivos llegando a 26.753 afectados, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
“Aunque el gobierno está haciendo todo lo posible para proteger a las víctimas (del conflicto)… también necesita romper este círculo vicioso invirtiendo más en la prestación de servicios públicos y en protección social”, recomendó De Schutter, quien durante su visita se reunió con funcionarios gubernamentales, defensores de derechos humanos, comunidades étnicas y personas que viven en la pobreza en lugares como Buenaventura, Cali, Soacha y Ciudad Bolívar en Bogotá.
El presidente Gustavo Petro —el primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— ha prometido reducir la desigualdad y la pobreza. Por eso ha resaltado como uno de sus mayores logros que entre 2022 y 2023 más de 1,6 millones de personas salieron de la condición de pobreza monetaria, es decir, obtuvieron ingresos mensuales mayores a 105 dólares.
El 33% de la población en Colombia en 2023 vivía en condición de pobreza monetaria, una mejora en 3,6 puntos porcentuales con relación a 2022, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
“El problema de Colombia son especialmente los niveles muy altos de desigualdad y la movilidad social muy limitada”, advirtió De Schutter, debido a que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se necesitan 11 generaciones o dos siglos para que un colombiano criado entre los más pobres tenga las mismas oportunidades de tener un ingreso medio. “Eso es simplemente inaceptable”.
Parte del problema, según el experto, es el sistema de estratificación que clasifica los barrios del uno al seis, siendo el seis el más rico, lo que hace que las personas de diferentes estratos no se mezclen lo suficiente en escenarios como la escuela o el trabajo. De Schutter celebró que el actual gobierno quiera eliminar ese sistema de estratificación.
El relator especial presentará su informe sobre Colombia en junio de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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