La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, admitió este viernes que aunque el país «cumplió plenamente» sus obligaciones de refugio político con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue asesinado hace un año, «lamentablemente eso no fue suficiente» para evitar el crimen.
Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
La ministra, que calificó el delito de «horrible», aseguró que Chile cumplió con las dos obligaciones legales con los refugiados: otorgar la residencia definitiva y «el compromiso de no devolución», que implica que mientras la persona está en condición de refugiada, no se la puede deportar a su país «porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”.
Como ha dicho en varias de sus comparecencias sobre este caso, Tohá insistió en que “se ha ido avanzando” en la investigación y, aunque apuntó de nuevo a Venezuela como origen intelectual del crimen, a diferencia de otras ocasiones, evitó acusaciones directas al Gobierno de Maduro.
“Hay elementos que apuntan en que este hubiera sido un secuestro ordenado desde algún lugar (…) Algunos antecedentes apuntan al territorio venezolano para dar una señal, generar intimidación respecto de alguien que tenía un rol político como opositor al gobierno de ese país”, sostuvo en un punto de prensa desde la Región sureña del Bíobio.
Hasta ahora, por el crimen de Ojeda, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen.
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