|| EFE
***El Ejecutivo y El Congreso han tenido varios choques con este tema, principalmente por el tema de la inseguridad**
El Gobierno de Chile estudia un plan para regularizar la situación de más de 180.000 in-migrantes, iniciativa que ha despertado el pleno rechazo de la oposición conservadora y de ultraderecha que acusa a los extranjeros de impulsar la inseguridad.
“¿Qué se está pensando y todavía no se ha dispuesto? Que aquellas personas que dieron el paso de empadronarse, que se acercaron al Estado y dijeron voluntariamente “estoy aquí y esta persona soy”, si tienen un trabajo en Chile, o tienen vínculos familiares en Chile, vamos a evaluar la posibilidad de regularizarlos y separar su realidad de la de otras personas que prefirieron esconderse y no se empadronaron”, dijo el jueves la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá.
“Tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsa-ron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país”, advirtió el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.
El congresista subrayó que esta idea es una “irresponsabilidad” un “perdonazo masivo”, en tanto “termina invitando a miles de extranjeros, incluso los que tienen un perfil delictivo, a seguir ingresando a Chile sin papeles, agravando de esta manera la crisis migratoria” que hace años aqueja al país.
Desde La Moneda han descartado un “efecto llamado” para inmigrantes irregulares y rechazaron la advertencia de la UDI de acudir al Tribunal Constitucional para frenar la medida.
“Me llama la atención que se pretende impugnar una medida cuyo contenido desconocen. ¿Cuál es el fundamento jurídico para adelantar un cuestionamiento respecto de una decisión en concreto cuyo contenido desconocen? Yo entiendo que cuando un responsable en la vida, lo que hace es primero informarse de los detalles y después tomar decisiones, pero parece que hay quienes lo hacen al revés”, lanzó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
