Las autoridades de El Salvador han detenido a un total de 3.873 pandilleros en cinco días de estado de excepción, adoptado para combatir la ola de asesinatos en el país centroamericano. Así lo ha resaltado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha asegurado que todos los detenidos serán trasladados a cárceles de máxima seguridad.
El mandatario también ha asegurado que “ningún” pandillero ha sido liberado, aunque no ha especificado en qué período. Sí ha mencionado que un juez intentó liberar a 42 en un caso de 2019, pero “todos continúan en prisión y el caso pasará a una instancia superior”.
En este contexto, ha pedido al Tribunal Supremo retirar a los jueces que sean “cómplices” del crimen organizado y ha reclamado a la Fiscalía que investigue los “posibles” nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas. “Seguimos la guerra contra las pandillas”, ha garantizado.
Entre los detenidos en los últimos días figura Edwin Rodolfo Jiménez, alias ‘Peludo’, según ha informado la Policía de El Salvador en la citada red social. Según el cuerpo, se trata de “un peligroso líder” de la Mara Salvatrucha (MS-13) y sería “responsable del incremento de los homicidios durante los últimos días en el país centroamericano.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles un endurecimiento de las condenas contra pandilleros en el marco del repunte de la violencia en el país que ha llevado a las autoridades a imponer el estado de excepción durante 30 días.
El Parlamento salvadoreño aprobó el domingo la entrada en vigor durante 30 días del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que el sábado dejó más de 60 muertos. La ola de crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el presidente ha prometido atajarla de raíz. En este contexto, también se ha decretado la emergencia máxima en todas las cárceles de seguridad y máxima seguridad salvadoreña.
Durante 30 días, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones “defienden a los pandilleros”. Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.
Con información de Globovisión
