Algunas cadenas de farmacias populares en Estados Unidos han limitado la compra de productos de contracepción de emergencia, conocidos comúnmente como la “pastilla del día después”, debido a la alta demanda que se generó tras el veto federal del derecho al aborto dictado por el Tribunal Supremo.
El producto, que se puede encontrar fácilmente con el nombre comercial de «Plan B» y comprar por unos 50 dólares sin receta médica, ha sido restringido a tres unidades por cliente en Rite Aid, que tiene 2.500 farmacias en EE.UU., “debido al incremento de la demanda”, dijo una portavoz por correo.
En las farmacias CVS, unas 9.900 en todo el país, se registró un «incremento agudo en las ventas» de este producto inmediatamente después del dictamen del Supremo, el pasado viernes, y se implementó un «límite temporal para asegurar un acceso equitativo» que durará hasta mañana, señaló un representante.
«Las ventas han vuelto a la normalidad y estamos en el proceso de levantar los límites a la compra, lo que tendrá efecto en las tiendas y en CVS.com en las próximas 24 horas. Seguimos teniendo un gran suministro de contracepción de emergencia para cubrir las necesidades de los clientes», agregó.
Trabajan en reponer inventario de la “pastilla del día después”
Mientras tanto, un portavoz de Walgreens, otra cadena que tiene unas 9.000 farmacias, dijo que de momento no ha puesto impedimentos a su compra.
“Walgreens aún puede responder a la demanda en las tiendas (…), o la recogida en la puerta. En este momento, estamos trabajando en reponer el inventario ‘online’ para los envíos a casa”, señaló una portavoz por correo.
La contracepción de emergencia no es un método abortivo, sino que reduce la probabilidad de embarazo tras unas relaciones sexuales sin protección, algo que puede ocurrir voluntaria o involuntariamente, cuando fallan métodos de contracepción habituales, como la píldora de control de natalidad o el preservativo.
La alta demanda se produjo tras el fallo histórico del Tribunal Supremo de EE.UU., el pasado viernes, que devolvió a los estados la potestad de legislar o prohibir la interrupción del embarazo.
Decisión que ha desembocado en numerosos estados que ya han ilegalizado o estudian prohibir pronto esa práctica.
EFE
