El gobierno de Estados Unidos mantiene a Venezuela, Cuba y Nicaragua en su lista negra de tráfico de personas al considerar que incumplen los estándares marcados por la ley estadounidense contra este fenómeno, que establece métodos para evitarlo y proteger a las víctimas.
Así lo señala el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022, donde revisa la situación a nivel mundial.
Junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, hay otros 19 países en la lista negra, como China, Corea del Norte, Siria, Irán, Rusia y Bielorrusia.
Venezuela “no reúne los estándares mínimos”
De las tres naciones latinoamericanas en la lista, el informe es más contundente con Venezuela, al señalar que “no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo”.
Estados Unidos apunta que el gobierno de Nicolás Maduro, no ha informado de ningún tipo de ayuda a las víctimas de este fenómeno, ni de esfuerzos para enjuiciar a los traficantes.
Cuba
Sobre Cuba, el reporte indica que, pese a la falta de esfuerzos significativos, el gobierno de la isla ha adoptado algunos pasos para abordar el tráfico de personas, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes.
Aun así, destaca que durante el periodo estudiado hubo una “política del gobierno o patrón de beneficio de los programas de exportación de trabajadores con fuertes indicios de trabajo forzoso”.
En este punto, el gobierno de Estados Unidos menciona las misiones médicas cubanas en otros países y asegura que La Habana “siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas y sin abordar violaciones laborales y delitos de tráfico”.
Nicaragua
Respecto a Nicaragua, el informe dice que el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha minimizado la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
En concreto, Estados Unidos señala que las autoridades nicaragüenses no han dispuesto refugios ni han destinado fondos para ayudar a las víctimas y consideró nimios los esfuerzos llevados a cabo para atajar el tráfico de trabajadores, aunque ha seguido siendo una preocupación grave.
