|| Rodolfo Gamarra
**Familiares y representantes de las personas detenidas durante las acciones de protesta del pasado 29 de julio en la redoma de San Jacinto, Maracay, estado Aragua, tienen incertidumbre al no tener mayor información del proceso que se les sigue.**
La cifra oficial de las autoridades es de más de 80 aprehendidos que, desde el pasado lunes fueron llevados a distintos comandos policiales.
Según abogados de la región que intentan formar parte de la defensa de los señalados, también habría un número importante de menores de edad.
Mientras se alarga la espera, frente al Palacio de Justicia, los familiares no saben los cargos que les imputarán, ni han tenido contacto con ellos para brindar apoyo o saber su estado de salud y físico.
Una madre, que prefirió no identificarse, relató la angustia que vivió al buscar a su hijo de 26 años, desaparecido desde el pasado lunes.
Tras recorrer varias estaciones policiales, sin obtener respuestas sobre su paradero, finalmente lo encontró ayer en la Estación Central del Cicpc en el sector 9 de Caña de Azúcar, en MBI.
Le informaron que su familiar estaba allí y sería presentado junto con otros detenidos ante el tribunal correspondiente. Desde temprano, está señora de avanzada edad y familiares de otros aprehendidos en las manifestaciones, esperaban afuera del Palacio de Justicia en espera de novedades y llevando la comida.
Con voz entrecortada por la angustia que le embargaba, esta madre expresó su preocupación por no saber a dónde enviarían a su hijo. “Escuché rumores de que los mayores como él serían trasladados a Tocorón y los menores a Sapanna, pero son solo rumores, lo que queda es esperar”.
EXIGEN LIBERACIÓN
Mientras tanto, en Caracas, el Dr. Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), exigió a las autoridades, liberar a seis estudiantes de su institución.
“Fueron detenidos de forma arbitraria por participar en protestas que considero comprensibles y respaldadas en la Constitución de la República”, enfatizó Rago.
Manifestó su preocupación por actos como estos “que vulneran la democracia y la libertad de protestar pacífica y cívicamente”.
