Expertos coinciden en que para que mejore el sistema deben comenzar con unas buenas bases, a través de programas sólidos
El doctor en ciencias de la educación y experto en políticas públicas para el sistema educativo, Mariano Herrera, considera que las prioridades que debe atender el nuevo ministro de Educación, Héctor Rodríguez, están relacionadas con la situación actual de las escuelas.
“En particular de las escuelas primarias y secundarias públicas del país, específicamente las oficiales del Ministerio de Educación que tienen dos grandes problemas”, dijo.
Explicó que lo primordial que debe tener una escuela son buenos maestros, “con buenas condiciones de trabajo”, lo que implica “un buen sueldo” y optima infraestructura.
“Creo que no pueden ser menos de 400 dólares mensuales”. Opinó con respecto al sueldo, sin embargo, resaltó que esto no aumenta la calidad de vida de los docentes, “pero hay una condición de dignidad mínima para un profesional de la docencia (…), porque ahí tú puedes exigir que trabaje con un buen desempeño”, expresó.
En entrevista radial, explicó que para que mejore el sistema deben comenzar con unas buenas bases sólidas a través de la alfabetización inicial, también, hizo énfasis en fomentar la lógica, el espíritu cooperativo y el pensamiento crítico.
SIN CAMBIOS
“Si no hay cambios en la política no hay cambios en el destino de la educación universitaria y, en general todo el contexto del país”, manifestó el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso.
El titular de la Apucv indicó que el profesorado de la UCV no guarda mayores expectativas por la designación de Ricardo Sánchez como nuevo ministro de Educación Universitaria.
“A la educación superior no le hace falta un cambio de ministro, sino un cambio de política, y no hay razón alguna para sospechar que eso va a ocurrir”, expresó Afonso.
Destacó que se ha superado la docena de titulares de la cartera en una década “y se mantiene la misma política”.
Aseguró que tal mecanismo consiste en cercenar la autonomía universitaria, absorbiendo el gobierno competencias que son propias de las autoridades del sector, “al limitar la elección de las autoridades en buena parte de las universidades del país y, en general tener a los universitarios en trabajos que desestimulan la carrera académica y que someten a la pobreza”.
Expresó que, con los recursos que se le asignan a la comisión presidencial universitaria, la propia universidad podría hacer tres veces más de manera más transparente.
