Este 1 de julio, en el estado de Florida entra en vigor una nueva y polémica ley sobre inmigración, la más dura de este tipo en todo EE UU.
En términos generales, la ley incluye medidas que afectarán a los inmigrantes indocumentados en el ámbito laboral, de identificación, en la educación, el transporte y la salud.
En términos laborales, las empresas con más de 25 empleados deberán usar un sistema federal que determine si sus trabajadores pueden hacerlo legalmente en el país.
Se establecen sanciones penales para quienes utilicen documentos de identificación falsos o suplanten los de otra persona. Se aplicarán multas de 1.000 dólares al día por contratar a indocumentados.
A partir de ahora, se invalidan las tarjetas de identificación y determinados carnés de conducir expedidos en otros estados fuera de Florida.
Mientras tanto, transportar a sabiendas a un inmigrante ilegal hacia ese estado resultará en 5 años de prisión y una multa de 5.000 dólares.
El transporte de cinco o más extranjeros indocumentados, un menor de edad no acompañado o un contrabandista convicto supondrá una multa de 10.000 dólares y hasta 15 años de cárcel.
La ley también exige a los hospitales que acepten Medicaid, que recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes e informen al Gobierno del estado.
La ley también proporciona 12 millones de dólares para reubicar inmigrantes en otros estados. “Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho”, asegura el gobernador, Ron DeSantis.
