La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración, tras su fallido autogolpe y protestas que han dejado siete muertos y unos 200 heridos.
“Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30” (13h30 GMT), dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.
La fiscalía, que acusa a este maestro rural de izquierda de “rebelión” y “conspiración”, busca mantenerlo en prisión preventiva un año y medio.
El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual de este miércoles.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó el expresidente.
“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.
Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.
El exmandatario izquierdista permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan sus simpatizantes desde hace varios días, reclamando su libertad y elecciones inmediatas.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado, tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte de un desacreditado Congreso que posee un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.
– Militares en la calle –
En la noche del martes, el ministro de Defensa, Alberto Otárola anunció la ampliación del estado de emergencia a las regiones de Arequipa e Ica (sur), lo cual permite la intervención del ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.
Las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades de Perú bajo estado de emergencia.
También hay numerosas carreteras bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
“Pareciera que Lima es todo el Perú. Nuestro pedido es el cierre del Congreso y la renuncia inmediata de la señora Dina Boluarte”, dijo a la AFP Hugo Maquera, uno de los manifestantes que bloqueó el puente internacional de Ilave, en Puno, en la frontera con Bolivia.
“Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas”, dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un “paro indefinido” para exigir elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, pero los seguidores de Castillo no quieren esperar.
– Respaldo latinoamericano –
Algunos gobiernos de izquierda de Latinoamérica defienden a Castillo pese al autogolpe.
“Sigue siendo Pedro Castillo el presidente” de Perú, afirmó el martes el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldan a Castillo y pidieron respetar “la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. Peor la Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido porque perpetró un “golpe de Estado”.
La fiscalía investiga además a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
