El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este martes mantener en vigor el Título 42, una norma instaurada por Donald Trump cuando era presidente, y que permite la expulsión “en caliente” de migrantes hacia México.
Trump desempolvó la medida, usada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, arguyendo motivos sanitarios, al inicio de la pandemia. La idea era evitar la expansión del coronavirus en un momento en el que las fronteras por todo el mundo se cerraron.
Casi tres años después, con el virus razonablemente controlado (y las fronteras hace tiempo abiertas), la Administración de Joe Biden recibe un nuevo revés en sus reiterados intentos de derogar la norma.
La decisión de 5 a 4 representa una victoria para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear la opinión de un tribunal inferior que ordenó ponerle fin al Título 42. La administración de Biden ha dicho que estaba preparada para el fin de la orden y que había tomado precauciones para protegerse contra la confusión en la frontera y cualquier posible oleada de inmigrantes.
La corte también acordó retomar la apelación de los estados esta legislatura. El tribunal dijo que escucharía los argumentos sobre el caso durante su sesión de alegatos que comienza en febrero de 2023.
Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan dijeron que denegarían la solicitud, pero no explicaron su pensamiento. El juez conservador Neil Gorsuch también disintió y explicó sus argumentos en una orden a la que se unió la jueza liberal Ketanji Brown Jackson.
Gorsuch dijo que «no descarta las preocupaciones de los estados» sobre la seguridad fronteriza. Sin embargo, señaló que el Título 42 se puso en marcha para combatir el covid-19 y «la actual crisis fronteriza no es una crisis de covid».
Desde marzo de 2020, el Título 42 ha permitido que los agentes fronterizos de EE.UU. puedan rechazar de inmediato a los migrantes que cruzan la frontera sur, bajo el argumento de prevenir el covid-19.
Defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en salud pública han denunciado durante mucho tiempo el uso de esta autoridad de salud pública en la frontera sur de EE.UU., al argumentar que representa un pretexto inapropiado para prohibir la entrada de inmigrantes al país. En casi tres años, la autoridad se ha utilizado más de 2 millones de veces para rechazar a los migrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
