“La reducción de la jornada en España es una medida que se va a estudiar en las universidades de todo el mundo”, ha dicho este viernes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto formal de firma del acuerdo para la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin recorte salarial. La han acompañado los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.
Tras 11 meses de negociaciones tripartitas en el diálogo social, solo los sindicatos y Trabajo han pactado un texto legal articulado para modificar el Estatuto de los Trabajadores y recortar el tiempo de trabajo, endurecer el registro horario en las empresas y elevar hasta 10.000 euros por trabajador las multas a las compañías que lo incumplan.
La patronal ha rechazado frontal y unánimemente hasta el último minuto formar parte de este pacto, que contempla su aplicación en 2025. Para ello necesitará reunir el suficiente apoyo parlamentario, lo que ha motivado roces entre los dos socios de Gobierno, ya que la parte socialista se ha mostrado dispuesta a retrasar su aplicación a cambio de lograr los votos necesarios en el Congreso.
El texto acordado propone una nueva redacción de artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores donde mantendrá que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, pero acto seguido pasará a poner: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. De esta forma, las horas de más que se hagan a partir de esa cifra pasarán a ser horas extra.
Sobre la aplicación efectiva de la medida, el documento contiene una disposición transitoria primera donde precisa que “las comisiones negociadoras de los convenios colectivos (….) dispondrán de un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias que aseguren el cumplimiento de lo previsto”.
Otra cosa es cómo saldrá finalmente este texto del Congreso, donde necesariamente tiene que aprobarse la modificación de la ley. Pero, de momento, Díaz ha ganado por la mínima la primera batalla y, tal y como ha dicho ella en varias ocasiones esta semana, la ley obligará a que todas las empresas cumplan con esta reducción el tiempo de trabajo antes de acabar el próximo año.
De esta forma, y según lo pactado, las compañías tendrán desde que se apruebe la norma en el Parlamento y hasta final de año para actualizar las jornadas y los convenios colectivos. Eso es lo que señala el texto que a partir de ahora inicia su tramitación. Para ello debe superar los informes preceptivos, aprobarse en el Consejo de Ministros —sin modificaciones, según recuerdan fuentes sindicales— y después llegar al Congreso de los Diputados, donde la medida sí podría experimentar cambios de fondo y en su plazo de aplicación.
Que el texto recoja el plazo que defendía la vicepresidenta segunda cobra especial importancia después de que la parte socialista del Gobierno de coalición, capitaneada por su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya matizado públicamente las condiciones del acuerdo negociado por Trabajo y los sindicatos.
En concreto, desde el Psoe se ha abogado esta semana por flexibilizar la aplicación de esta reducción de jornada, llevando su vigencia a 2026 o incluso más tarde —”la legislatura es muy larga”, dijo Díaz que le indicaron en privado los socialistas—.
La justificación dada por Cuerpo para apelar a dicha flexibilidad consistía en la necesidad de conseguir los respaldos necesarios, que aún no tiene, para aprobar el recorte en el Congreso. Entre los socios de investidura, Junts se perfila como la formación más reticente a votar a favor de la medida.
Las dificultades que encontrará el texto para salir adelante se dan por seguras. El líder de CC OO, Unai Sordo, ha destacado en su intervención en el acto de firma del acuerdo que los sindicatos son conscientes de que “la patronal Ceoe también va a hacer su papel y va a presionar para bloquear esta norma en las Cortes Generales”.
Pero, por ello, ha advertido que “los sindicatos harán un seguimiento de cerca de esta tramitación” y trabajarán para “contrarrestar” las presiones de los empresarios. “Ojalá las modificaciones logren reunir el consenso de todos, incluidos los empresarios. Pero los sindicatos defenderán la literalidad del acuerdo”, ha dicho Sordo, que no ha descartado movilizaciones a lo largo de todo el proceso parlamentario. “Lo que se firma hoy no es un punto y final sino el principio”, ha dicho.
En el mismo sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la Ceoe “está a tiempo de seguir hablando”. Los sindicatos “no cierran hoy nada, sino que lo abren”, ha añadido en referencia al proceso negociador con los grupos parlamentarios que los líderes sindicales ya han iniciado.
En este punto, Álvarez ha coincidido en la necesidad de “movilizarse” para convencer a las fuerzas políticas de que apoyen este recorte. Es más, ha asegurado que las centrales continuarán su lucha para conseguir la jornada de 32 horas semanales, tal y como estaba recogida en el programa de Sumar inicialmente.
Los plazos de entrada en vigor no ha sido lo único con lo que ha presionado Economía a Trabajo en los últimos días. También intentaron mitigar el efecto del recorte de jornada en los trabajadores a tiempo parcial, que mayoritariamente son mujeres.
Sin embargo, también en este punto el ministerio de Díaz ha logrado imponer su criterio de forma que aquellos que tengan una jornada inferior a la nueva jornada legal máxima de 37,5 horas, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando. Y, además, “tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 semanales”.
Además de recortar la jornada máxima legal, el documento acordado especifica, en su disposición adicional tercera, que no se puede recortar el salario.
“La reducción de jornada establecida en la presente ley no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones ni la compensación, absorción o desaparición de cualesquiera derechos más favorables o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas trabajadoras”, precisa la propuesta. Por tanto, la norma no prevé finalmente ningún tipo de flexibilidad por sectores en la aplicación del recorte de jornada.
En cambio, el Gobierno sí se compromete, en el plazo de 18 meses, a “revisar la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal”.
Entre estas jornadas especiales están las que tienen peculiaridades horarias por distintos motivos como la vigilancia de fincas urbanas, el trabajo en el campo, el comercio y la hostelería, los transportes y el trabajo en el mar, el trabajo a turnos, puestos con riesgos medioambientales, el trabajo en cámaras frigoríficas o de congelación, la minería, las jornadas fraccionadas o el trabajo nocturno.
Asimismo, el Ejecutivo indica que creará una mesa de diálogo social con los sindicatos y las asociaciones empresariales para “evaluar los resultados de la reducción de jornada establecida en esta norma”. Un objetivo de esa mesa será el de “seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.
Registro horario
Además, el documento reforma la manera en la que las empresas deben registrar la jornada diaria de sus trabajadores, para hacerla “fiable, trazable y accesible”.
Para ello, se crea un artículo 34 bis en el que se detalla un registro horario mucho más estricto que exigirá, entre otras cosas, que sea “por medios digitales” y que las horas extraordinarias, que también se deberán registrar día a día, se tendrán que totalizar en la nómina del sueldo mensual, “entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente” y “sin perjuicio de la forma de compensación”, según indica la futura norma.
Además, el nuevo registro “deberá ser accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras”.
El texto legal dilata la entrada en vigor de esta exigencia al momento que determine el desarrollo reglamentario de esta norma. “No es de recibo que en el siglo de la inteligencia artificial seamos capaces de saber si hay agua en una piedra de marte y no podamos comprobar la jornada laboral de un trabajador”, ha declarado el líder de CC OO.
Para garantizar el cumplimiento del registro, también se endurecen las sanciones para que estas sean por cada trabajador sobre el que se comete la infracción y no una para el conjunto de la empresa, lo que encarece notablemente las multas de la Inspección a las compañías.
En concreto, se estipula que “en el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados”.
Y las sanciones, que están fijadas en un máximo de 7.500 euros por empresa incumplidora, se elevarán hasta un máximo de 10.000 euros por persona afectada en el caso de las más graves.
El texto también regula más ampliamente el derecho a la desconexión digital. Este desarrollo legal “acabará con muchos de los problemas de salud mental que tenemos debido al estrés laboral y con ello probablemente los problemas de absentismo asociados”, ha dicho el líder de UGT.
Tramite de urgencia
A partir de ahora, Trabajo planea que esta reforma se lleve a cabo a través de un proyecto de ley y que vaya en una sola lectura al Consejo de Ministros. Como la intención del ministerio de Díaz es que se tramite de forma urgente, podrían pasar entre dos y tres meses antes de que lo estudie el Consejo de Ministros. Y después otros tres meses en el mejor de los casos para su tramitación parlamentaria.
Esto llevaría con toda probabilidad a que su entrada en vigor, prevista para el día siguiente de su publicación en el BOE, se produzca en el último tercio del año. Si bien, los sectores y las empresas tendrían hasta el último día de 2025 para adecuar sus convenios colectivos a la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquier caso, todo lo que han pactado Trabajo y los sindicatos podría verse modificado en el Parlamento, tanto en su contenido como en los plazos de aplicación. Al ser un proyecto de ley se someterá a la negociación con todas las fuerzas políticas de Congreso y Senado.
También en este proceso podrían recuperarse las ayudas a las pymes, a través de bonificación de cotizaciones, para la contratación de trabajadores que suplan el recorte del tiempo de trabajo u otras ayudas directas para la digitalización del registro horario. Estas fueron algunas de las medidas que Trabajo propuso a la patronal para atraerla al acuerdo y que se han caído del texto final tras el portazo de la Ceoe.
