|| Agencias AP/EFE
**Con abrumadora mayoría se le dio el visto bueno al instrumento, que ahora espera la promulgación presidencial**
La Asamblea Nacional de Venezuela, con abrumadora mayoría oficialista, aprobó ayer en segunda discusión una ley que busca regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país; los activistas de derechos humanos consideran que la ley, a la que solo le falta ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro para entrar en vigor, es una amenaza al derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública.
Después de más de un año de diferimiento y en medio de las críticas de los adversarios políticos del gobierno y organizaciones locales y extranjeras defensoras de los derechos humanos, los legisladores aprobaron la ley en segunda discusión por unanimidad.
El instrumento legal, que consta de 39 artículos, entrará en vigor luego que sea promulgada por el presidente Nicolás Maduro y sea publicada en la Gaceta Oficial.
La llamada Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, fue aprobada en primera discusión en enero de 2023. Desde entonces, la propuesta ha generado preocupación entre las ONG locales, que consideran que con esta ley, el gobierno de Maduro y sus aliados buscan limitar su operación en el país.
Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado chavista Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al “terrorismo” porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan “guarimbas” (protestas violentas).
“Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad”, explicó el legislador.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las ONG más prestigiosas del país, denunció que uno de los artículos más polémicos de la ley sobre el financiamiento de las ONG, establece que “ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”.
