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sábado 14, diciembre 2024

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Multan a Decano de la UCV por daños al patrimonio arquitectónico

El Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) multó al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz Barbera, por modificar la estructura del edificio de la Facultad de Humanidades y Educación para la instalación de dos equipos de aire acondicionado.

Mediante la providencia administrativa número 017-2024, emitida el 19 de septiembre de este año, el IPC indica que Apitz Barbera debe pagar 9.000 bolívares, pena máxima establecida en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

Igualmente, Apitz Barbera deberá reponer en un lapso de dos meses, los materiales para reparar el edificio sede de dicha Facultad, específicamente, el área que ocupan el decanato y la sala de reuniones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, reseña la página oficial de la Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV.

El costo estimado de los materiales, asciende a la cantidad de 500 dólares.

La nota señala que, la reposición del elemento arquitectónico estará sujeta a la presentación de un proyecto que deberá contener referencia histórica-estética-valorativa del contexto o edificación en la que se encuentra, descripción del componente constructivo, levantamiento del deterioro, diagnóstico y propuesta de intervención restaurativa.

A su vez, los trabajos serán supervisados por el Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Copred), en conjunto con el equipo del IPC.

¿Por qué es sancionado el decano de derecho de la UCV?

La Comisión Presidencial recuerda que las sanciones antes descritas, surgen luego de que el 31 de diciembre de 2023, unos trabajadores estaban instalando dos equipos de aire acondicionado sobre el parasol horizontal de la fachada sur del edificio de la Facultad de Humanidades y Educación, donde se ubica el despacho del decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Los arquitectos Lesmes Castañeda, Eduardo Gil y Gregory Vertullo inspeccionaron el sitio el 2 de enero de 2024, evidenciaron daños en el patrimonio y levantaron el informe correspondiente.

A pesar de que, se ordenó al decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas paralizar la obra, el 10 de enero de 2024 continuaron con los trabajos, por lo que el IPC ordenó iniciar el procedimiento administrativo.

 

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