||Ramón Guillermo Aveledo
En conversaciones familiares, de amigos o de compañeros de trabajo, podemos encontrar un rasgo común que traspasa sectores sociales y opiniones políticas e incluso se acentúa según las regiones: los venezolanos nos sentimos indefensos.
Nuestra cotidianidad está afectada por servicios públicos que no funcionan o lo hacen muy pobremente. Sentimos que nuestras vidas y bienes dependen del azar, de que no pase nada. Como tememos por nuestra salud. Aparte de todo eso, están los problemas de la vida, privados en su naturaleza pero con impacto social y sus eventuales conflictos que serían previsibles y resolubles mediante las leyes civiles y mercantiles, pero inseguridad y corrupción hacen precarios y poco confiables esas referencias indispensables.
¿A dónde ir? Se pregunta el venezolano común. Como en la vieja serie televisiva: y ahora ¿quién podrá defenderme? En la Constitución hay un marco, pero contrasta con una realidad de concentración de poder. La politización de todo, en el sentido de lucha por el poder y no gestión de solución de problemas, opera en perjuicio de las personas y sus derechos e intereses. Por ejemplo, en lo que podría servir, a la policía, antes que verla como protectora, se la evita porque se le teme. Lo sentimos en cada alcabala móvil.
El reparto del poder, diseñado para protegernos, no funciona como debería. La Asamblea no controla al Ejecutivo, la ausencia de presupuesto es el ejemplo más básico y sea por las habilitaciones o el “desacato”, tampoco legisla y la consulta prevista constitucionalmente no se realiza de verdad, se manipula. La noción de poder predominante en la práctica es concentrada. Los tribunales, sitio natural para buscar justicia, no lo son hoy. Si es frente al gobierno, en el Contencioso Administrativo nadie le gana y si lo hace no se ejecuta la decisión. En vez de entes contralores, Fiscalía y Contraloría se ven comprometidos con el poder. Y ¿En qué se ha sentido alguien defendido por la Defensoría del Pueblo?
La descentralización, pensada para repartir y pluralizar el poder, hay que respetarla. Un federalismo cooperativo como el nuestro, supone autonomía y competencias y cooperación en un Estado que sirve a la gente.
A la pregunta de “Y ahora ¿Quién podrá defenderme?” la respuesta venezolana no es “Yo”, sino nosotros y nuestra institucionalidad y ese justiciero “Chapulín” social y legal no puede ser solo colorado. Así ya sabemos que no nos sirve. Tiene que ser tricolor.
