|| Agencias Nacionales
|| Fotos Cortesía
El 63,4% de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y dos de ellas estaban embarazadas
Según el monitoreo elaborado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en los primeros ocho meses de 2021 hubo 177 casos consumados y 23 frustrados en Venezuela. Además, se estima que, en promedio, en el primer semestre del año hubo una acción de este tipo cada 20 horas.
Las cifras reportadas por el Cepaz, hechos consumados y frustrados en Venezuela y de mujeres venezolanas en el exterior, siguen generando preocupación.
El 63,4% de las víctimas tenían un rango de edad de 19 a 48 años y dos de ellas estaban embarazadas.
Los crímenes ocurrieron: 23,3% en Miranda, 16,7% en Distrito Capital, 10% en Aragua y e10% en Sucre.
Desde el 1º al 30 de septiembre de 2021, hubo en Venezuela 30 femicidios consumados y 11 en grado de frustración.
En promedio, hubo una acción femicida cada 18 horas, lo cual dejó como consecuencia, en total, siete niños(as) que quedaron huérfanos(as) y, en uno de los casos, uno de ellos fue testigo presencial del asesinato de su madre.
ERRADICAR LA VIOLENCIA
En un comunicado emitido por varias organizaciones como Defiende Venezuela, Activismo Alternativo, Woman Riots, Girl UP Venezuela, País Plural, Cepaz y Yo te Creo Venezuela reclamaron al estado venezolano que tome “todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia estructural” contra la mujer en el país.
Las ONG recordó que la Ley para una vida libre de Violencia contra la Mujer, tal como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Soto contra Venezuela; “no ha generado efectos suficientes para prevenir la violencia contra la mujer; ya que persiste la carencia de políticas públicas con enfoque de género y la falta de capacitación agentes que brinden atenciones primarias a las sobrevivientes de violencia sexual, víctimas indirectas de feminicidio, entre otros”.
La falta de investigaciones eficientes y condenas a los responsables, destacaron las organizaciones, responde a un patrón de impunidad “que perpetúa la discriminación estructural y la violencia institucionalizada en contra de las mujeres”.
