El juez federal Federico Villena autorizó la salida del país de los cinco tripulantes del avión de Emtrasur que estaban retenidos en el país desde el 6 de junio y les dictó la falta de mérito porque entendió que no hay pruebas firmes para procesarlos por el delito de financiar actividades terroristas.
Los beneficiados por estas medidas son el piloto Gholamreza Ghasemi y los involucrados Abdolbaset Mohammadi, Saeid Valizadeh, Víctor Manuel Pe?rez y Mario Arraga Urdaneta.
Los cinco tripulantes habían sido indagados hace dos semanas, tras una pedido de la querella de la DAIA. En ese momento, se los acusó de utilizar la empresa iraní-venezolana Emtrasur para desviar fondos que habrían sido utilizados para financiar actividades terroristas, un delito previsto en el artículo 306 del Código Penal.
En la imputación, se mencionaban vuelos de Teherán a Siria a través de la aerolínea Fars Air Qeshm, vinculada a Hezbollah. Esos viajes figuran en el informe que el FBI aportó a la causa a mediados de junio.
La imputación también apuntaba a otros viajes sospechosos de los iraníes en el avión de Emtrasur.
Sin embargo, Villena sostuvo ahora que no hay pruebas contundentes en la causa para procesarlos. Apurado por el plazo que le impuso la Cámara Federal de La Plata, hace un mes, al confirmar la salida del país de los primeros 12 tripulantes, el juez resolvió hoy la situación procesal de los únicos cinco indagados.
De los cinco tripulantes que seguían retenidos en el país, el más sospechado era el piloto. Según el informe del FBI agregado al comienzo de la investigación, Ghasemi tenía vínculos directos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah, dos organizaciones terroristas acusadas en la Argentina de volar la embajada israelí y la AMIA.
De hecho, tal como reveló este medio, en su teléfono se encontraron varias imágenes y logos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds. También se encontraron imágenes de soldados portando armas y uniformes con el logo de esa organización terrorista. Las fotos parecen de vieja data pero fuero vistas en los últimos meses por Ghasemi.
En ese teléfono también se encontró un mensaje aterrador: “Si molestan avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”. El autor de la amenaza no fue Ghasemi sino otro piloto iraní que participó del viaje a Paraguay, en mayo de este año. La conversación ocurrió el domingo 12 de junio, unas horas antes del allanamiento en el hotel de Canning donde se secuestraron todos los teléfonos.
La investigación judicial acumula más de 5000 hojas con los mensajes rescatados de todos los aparatos electrónicos que pertenecían a los 19 tripulantes. Por la complejidad y el volumen de la información, las pericias todavía no terminaron.
La aeronave venezolana llegó a Buenos Aires el 6 de junio con una carga de autopartes. El vuelo estaba previsto inicialmente para el 2 de junio, pero se retrasó dos días en México porque no contaba con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil de ese país. Finalmente, partió desde el aeropuerto de Querétaro el 5 y realizó una breve escala en Venezuela.
Las autopartes eran de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para el Volkswagen Taos que se produce en la planta de General Pacheco. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.
El 8 de junio, dos días después de su llegada a Buenos Aires, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Desde ese día, el avión está retenido en el aeropuerto de Ezeiza. Ante el escándalo, el Gobierno argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.
