|| Ramón Guillermo Aveledo
La diferencia entre el subdesarrollo y el desarrollo, entendido éste como nivel más humano de vida, son las instituciones. La sociedad no es un gentío, sino un conjunto de personas con interrelaciones múltiples. En la sociedad, las instituciones fuertes son la clave de la convivencia y el progreso. Y las instituciones públicas, la base de la libertad, la justicia, el orden, la prosperidad y por lo tanto, la paz.
Institucionalidad pública, lógico, organizada según la Constitución y que por lo tanto funcione para todos sin discriminaciones, sin exclusiones y sin divisiones artificiales. El marco constitucional requisito esencial, de lo contrario, la seguridad se haría volátil. Ponga usted el caso de los magistrados del TSJ. Si quienes interpretan las reglas y las administran no son fruto de ellas, estaremos ante un defecto irreparable.
Gobierno que gobierne para todos. Poder Legislativo que represente, legisla y controle en nombre de todos y para todos. Judicatura que haga justicia para todos. Poder Ciudadano que controle, procure la justicia, defienda los derechos humanos al servicio de todos. Poder Electoral que organice elecciones limpias para una competencia libre e igual.
Eso en lo tocante al poder público nacional, pero estamos en un Estado Federal descentralizado así que la misma premisa vale para gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y concejos municipales.
Una institución pública central para que el sistema funcione de modo creíble, es la Fuerza Armada Nacional, a la cuya denominación constitucional la ley agregó el apellido de Bolivariana y que debe estar organizada según la pauta de los artículos 328, 329, 330 y 331 de la Constitución. No hay camuflaje que valga para sustituir ese uniforme institucional que es nacional y nunca parcial, tricolor y no de uno sólo de los colores de la bandera.
Todo lo que afirmo aquí es tan obvio que casi da pena decirlo, pero siento que nunca está demás reiterarlo. En todos los países, las instituciones trabajan con imperfecciones y la sociedad las corrige por los medios disponibles. No hay nación de la tierra a salvo de un gobernante maula o incompetente. Lo primero lo arreglan la contraloría y los tribunales, lo segundo los votantes. Un legislador puede errar, por eso las leyes son reformables. La distribución y separación del poder público prescrita en el 136 constitucional y la prolija carta de derechos, garantías y deberes que van del 19 al 135, están ahí para eso.
