La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes en un debate sobre la situación de Venezuela que el país celebre unas elecciones presidenciales “transparentes, inclusivas y participativas”, el próximo 28 de julio
Asimismo, solicitó que se permita que sus trabajadores expulsados en febrero regresen al país.
“Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente”, señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las autoridades venezolanas obligaron a trece empleados de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dejar Venezuela en el plazo de 72 horas, después de que el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, les acusara de espionaje y conspiración.
Pese al tenso momento de relaciones entre la ONU y el Gobierno venezolano, que habían pactado la presencia de esa oficina local en 2019, Al-Nashif aseguró que ha habido “cambios positivos» en el país, aunque “queda mucho por hacer”.
Destacó que en 2023 no se registró, como había sido el caso antes, el innecesario o desproporcionado uso de la fuerza contra manifestantes, aunque sí se denunciaron arrestos y detenciones arbitrarias, entre otras represalias, a algunos participantes en esas protestas.
La “número dos” de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también manifestó la preocupación por las detenciones, intimidaciones y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición.
En ese sentido, Al-Nashif subrayó como un paso adelante la firma en octubre de 2023 de los Acuerdos de Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática, pero hizo un llamamiento a que “se apliquen plenamente de buena fe”.
En virtud de esos acuerdos, recordó, se liberó a 34 personas, pero “la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales”.
Al-Nashif también subrayó que las sanciones internacionales contra Venezuela exacerban los problemas preexistentes del país y “han tenido un impacto negativo desproporcionado en la población”, por lo que reiteró el llamamiento de la oficina de la ONU a que sean anuladas.
Sobre el eventual retorno del personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Venezuela, dijo que se han mantenido conversaciones con esta instancia para “vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica (…), sin injerencias ni parcialización política”.
