|| Agencia EFE
*** Resaltan que en las leyes venezolanas se establece el acceso a la información electoral de las personas con discapacidad
La Confederación Sordos Venezuela (Consorven) pidió esta semana al Consejo Nacional Electoral (CNE), “mayor difusión de la información en formatos accesibles” para que las personas con sordera puedan ejercer sus derechos “con total accesibilidad y autonomía” en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
El pasado abril, cuando ya se conocía la fecha de los comicios, la Consorven pidió al CNE información relacionada a los procesos de inscripción y la difusión del cronograma electoral y sus fases en “formatos accesibles”, de acuerdo a cada discapacidad, como textos de lectura fácil, pictogramas, impresiones en Braille, videos en lengua de señas y subtítulos.
La Consorven recordó entonces el artículo 187 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que el CNE y sus órganos subordinados y subalternos “garantizarán a los electores y las electoras con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos políticos, sin discriminación alguna, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y las leyes”.
Sin embargo, a la fecha, los videos publicados en la página del CNE no tienen subtítulos ni emplean el lenguaje de señas.
Además, en el comunicado del pasado miércoles, José Ángel de Gouveia, presidente de la Consorven, pidió “mayor accesibilidad” para las personas con sordera en los diferentes espacios de la sociedad, así como que se respete el acceso a la comunicación y se incorporen servicios de interpretación en lengua de señas en los espacios públicos de asistencia en salud y educación.
Recordó que la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, aprobada este año por la Asamblea Nacional (AN), “no ha entrado en vigencia porque no está en la Gaceta Oficial”.
El pasado mayo la ONG Acceso a la Justicia explicó que cuando una ley no se publica en Gaceta Oficial, técnicamente no ha entrado en vigor “ni se puede exigir su cumplimiento ni a las autoridades, ni a los ciudadanos”.
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