Infobae
La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la indagatoria y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y del actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusados de ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país, según revelaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el tribunal al unificar todas las causas radicadas en Comodoro Py 2002 contra el gobierno de Maduro y luego de haber escuchado a un grupo de víctimas refugiadas en Argentina, que relataron en detalle tormentos y torturas.
“Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución -secuestros, torturas, asesinatos– a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas”, afirmó el tribunal.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens remarcaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
El fallo ordenó, además, “proceder de la misma forma en relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar”. Y le encomendó al juez Sebastián Ramos, a cargo de la investigación, seguir recepcionando “declaraciones testimoniales de aquellos damnificados que se han presentado al tribunal”.
