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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió un laudo que obliga al gobierno de Venezuela a pagar la suma de 1.629 millones de dólares como indemnización por la expropiación de los activos de la red de comercialización de insumos agropecuarios Agroisleña junto con otras compañías, propiedades del conglomerado español Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
El laudo fue emitido el pasado 23 de marzo como resultado del “proceso arbitral iniciado por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), bajo el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“Acuerdo España-Venezuela”)”.
A la suma estipulada como indemnización se suman los “intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente”.
Además del la indemnización, el Estado venezolano también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento y 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.
Al cierre de 2020, el gobierno venezolano había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas. El reporte de Cedice-Libertad situó la deuda externa consolidada de la República y Pdvsa, incluyendo los procesos de arbitraje concluidos y en litigio, en alrededor de 162.000 millones de dólares.
