A menos de dos semanas para la asunción del nuevo Gobierno de Argentina, la vicepresidenta, Cristina Kirchner recibió este martes una mala noticia judicial.
En este sentido, será investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, que ya fue condenado, y con quien el matrimonio Kirchner tuvo una estrecha relación durante sus años en el poder.
Cabe destacar que la causa es popularmente conocida como “la ruta del dinero K”, un blanqueo de dinero por valor de 55 millones de dólares.
En junio, Cristina Kirchner había sido sobreseída, pero la Cámara Federal de Buenos Aires decidió reabrir la investigación y devolvérsela al juez que la había cerrado, Sebastián Casanello.
La reapertura del caso conocida este martes se produjo a partir de la presentación de la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a PRO, el partido de Mauricio Macri, que pidió ser aceptada como querellante y reclamó que el caso se reabriera. Por dos votos contra uno, la Cámara Federal avanzó en la reapertura.
La orden de reabrir la investigación fue una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por considerar que la ONG no era “una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa” y por tanto no podía hacerse lugar a su petición.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, consideraron que sí era pertinente.
“Los argumentos expuestos por los querellantes en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”, manifestó el juez Llorens en el fallo.
Cristina Kirchner, que enfrenta otros problemas judiciales además del de hoy, alega ser víctima del “lawfare”, una supuesta confabulación de los poderes políticos, judiciales y mediáticos en su contra.
Con información de El Diario 2001