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lunes 27, junio 2022

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Policías resultan insuficientes contra las protestas en Ecuador

El número de policías y sus capacidades son insuficientes para el control y mantenimiento del orden pú­blico. Así lo señala el Decreto 459, emitido el lunes 20 de junio por el presidente de Ecaudor, Guillermo Lasso.

En el documento se establece la extensión del estado de excepción para las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Pichincha.

Hasta hace dos semanas, en el caso de la ciudad de Quito se contaba con alrededor de 13 600 efectivos para resguardar parcialmente los barrios y las calles. Ese contingente ya era analizado por las autoridades, pues no abastecía para completar el déficit de personal que mantienen las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

El propio comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, lo corroboró cuando asumió el cargo como máximo jefe de la institución policial, en el mes de mayo pasado. El oficial dijo que estaban estructurando un plan pormenorizado para conocer en qué sectores de la ciudad de Quito y del país se requieren más efectivos.

Áreas desprotegidas  

Uno de los sectores que ya estaba identificado por sus debilidades era el distrito de Quitumbe, en el sur de la capital. Ahora es una de las zonas más afectadas por las movilizaciones sociales, que se han concentrado en barrios como Guamaní, Cutuglagua, Nueva Aurora y la ciudadela El Ejército. Ahí, los pobladores dicen que se han cerrado al menos cuatro UPC por falta de personal.

Algo similar ocurre en zonas populares de los extremos de la urbe capitalina. De hecho, la institución policial ha señalado que se requiere implementar al menos 20 000 efectivos más en tres años. Hoy cuentan con alrededor de 45 000 en todo el país.

Por eso, en el Decreto 455, emitido el sábado y derogado el lunes, el presidente Guillermo Lasso indicó que desde el lunes 13 de junio, día en que se iniciaron las movilizaciones, la Policía Nacional operó de forma disuasiva y que por eso no se frenaron los actos violentos.

“Se ha acreditado además que no resulta posible superarlos (a los manifestantes) con la asignación de más efectivos policiales, pues esto implicaría desproteger otras circunscripciones territoriales, incluso aquellas que se encuentran declaradas en estado de excepción por razones de seguridad”, así lo señala el Decreto, argumento que se repite en el nuevo documento, emitido el lunes 20 de junio.

Protección frente a la delincuencia y las protestas

Las provincias que ya estaban en estado de excepción son Guayas, Manabí y Esmeraldas. En estas zonas del país se reforzaron las seguridades desde el pasado 29 de abril por el crecimiento constante de muertes violentas y hechos delictivos.

Para cubrir esa necesidad, la Policía envió a 9 000 policías y militares a esas provincias. Los uniformados salieron de Pichincha, Cotopaxi y Santa Elena para ir a esas localidades problemáticas.

A pesar de que la Comandancia de la Policía Nacional ha señalado que no han retirado personal de una ciudad a otra, en el Decreto presidencial del sábado 18 de junio eso sí se ha confirmado.

En los considerandos, el Ejecutivo ecuatoriano dice que “dado que la estructura numérica de los efectivos policiales es finita” se requiere del respaldo militar para “atender las necesidades de seguridad de las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí, pues para aumentar la dotación de agentes en una zona o subzona es necesario retirarlos de otra”.

Precisamente, para evitar esto, el Jefe de Estado ordena el nuevo estado de excepción en provincias de la Sierra y Amazonía. Es la única herramienta legal que puede permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a las acciones que la Policía Nacional realiza en las calles y barrios de distintas ciudades. El apoyo de los militares es vital para el Ejecutivo y el domingo 19 de junio el Presidente lo reiteró vistiéndose de camuflaje y visitándolos en el cuartel Epiclachima (sur de la ciudad de Quito).

Por eso, en caso de que la Asamblea decida dar de baja el estado de excepción, una de las consecuencias sería el regreso de los militares a sus jurisdicciones y la Policía quedaría limitada en su accionar por su déficit de personal.

En estos días, los militares han sido claves para evitar el avance de las manifestaciones. Ellos han estado custodiando instituciones públicas, fuentes de agua, centrales hidroeléctricas, vías de conexión y los oleoductos del país.

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