A través de un comunicado, el Ministerio Público (MP) fijó posición ante lo dicho por dos relatores de la Organización de Naciones Unidas, quienes criticaron la detención y sentencia a seis dirigentes sindicales.
En el escrito manifiestan “su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas”, indicaron.
Consideran que no tienen “ninguna base para ello”.
Desde el MP insisten en que Alcides Bracho, Emilio Negrin, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo fueron condenados por el Juzgado 2º de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada con Jurisdicción a Nivel Nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
Añaden que “rechazan que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales”.
Apuntan que ellos pertenecen a una “organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP). Este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del gobierno nacional, entre ellas, asaltar un Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto”.
Además que “ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de una organización sindical”, continúa el escrito.
“La supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de inmunidad que les exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atenten contra la paz y la seguridad de la nación”, señalaron.
