La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 81,105,109 y 111 de Ley de Migración y así garantizar una presencia máxima de 36 horas a las personas migrantes en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano.
«Extender la privación de la libertad por más de 36 horas mientras se resuelve su situación migratoria resulta violatorio de derechos humanos, en virtud de no existir razones particulares relacionadas con la persona», dice el texto.
Además, validaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley de Migración con la intención de ampliar el plazo establecido en la Ley de Migración, para realizar la revisión migratoria para personas que pretendan ingresar al país y que se ostenten como mexicanas.
«Este procedimiento deberá ser racional y no deberá exceder de 4 horas, excepto en los casos en los que la persona que se ostenta como mexicana solicite expresamente su ampliación.
«En ningún caso el plazo podrá exceder de 24 horas. Durante el tiempo que dure el procedimiento de revisión, la autoridad migratoria deberá brindar todas las herramientas tecnológicas y de comunicación que tenga a su disposición para que la persona de que se trate, complemente o aporte nuevos elementos objetivos de convicción», señala el dictamen.
Asimismo, avalaron diversos puntos de acuerdo para exigir la protección verdadera de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional.
El primero de ellos, es un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Instituto Nacional de Migración se salvaguarden los derechos humanos e integridad de las personas migrantes que se encuentran en tránsito dentro del territorio nacional.
El segundo de ellos, solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de la Ciudad de México, implementen mecanismos para reubicar en albergues a las personas migrantes que permanecen al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, «con la finalidad de respetar y garantizar sus derechos humanos».
