|| Agencia EFE
*** El director de Ecoanalítica dijo que dijo la legislación laboral es uno de los condicionantes que impiden este incremento***
Venezuela no tiene capacidad de aumentar el salario mínimo, fijado en 130 bolívares mensuales -3,5 dólares a la tasa oficial actual-, por las limitaciones económicas del país, las obligaciones de la Ley del Trabajo y el gasto público que representaría para el Estado, según expertos.
Ante la imposibilidad de asumir estas cargas, tanto el Gobierno -que apunta a las sanciones como el factor determinante que impide el incremento salarial- como el sector privado, pagan a sus empleados bonos que no inciden en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, mientras que el salario mínimo no se ajusta desde 2022.
Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica, dijo que la legislación laboral es uno de los condicionantes que impiden incrementar el salario mínimo.
“La ley del trabajo genera unas rigideces muy fuertes para el patrono (…), sobre todo lo que está ligado a prestaciones sociales, que tienen un carácter, de alguna manera, retroactivo, y que su crecimiento puede llegar a ser exponencial”, explicó Oliveros.
Aumentar el salario mínimo -agregó- implicaría “costos significativos”, en particular para el Estado, que es “el principal empleador” del país, con una nómina de 2,5 millones de trabajadores activos -según cálculos de Ecoanalítica-, aunque la carga es mucho mayor, ya que hay que sumar a los jubilados y a alrededor de cuatro millones de pensionados.
“No es un tema de ganar 100 o 200 dólares, sino de que, con el flujo actual de ingresos que tiene el Estado venezolano, es insostenible darles un ingreso, vamos a utilizar la palabra ‘digno’ (…). Este Estado es inviable con ese número de trabajadores”.
Por su parte, Leonardo Vera, economista y presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, dijo que aumentar el salario mínimo implicaría, además, “ajustar toda la escala salarial” de empleados públicos, según su rango, y el Gobierno ha manifestado que “no tiene los recursos para enfrentar una carga de esa magnitud”.
Vera enfatizó que entre trabajadores públicos activos, jubilados y pensionados, se puede gastar el presupuesto de la nación, sólo en ese volumen de dependientes.
Por otra parte añadió que “congelando” el salario mínimo, el Gobierno mantiene “a raya el gasto fiscal” y no necesita “imprimir tanto dinero como lo hacía antes en la época de la hiperinflación, para tratar de cumplir con esas obligaciones”.
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