Este 5 de agosto, tras las agitadas audiencias de imputación y medida de aseguramiento que se desarrollaron esta semana, Nicolás Petro presentó la renuncia a su puesto como diputado ante la Asamblea Departamental del Atlántico.
La noticia se confirmó sobre el mediodía de este sábado, cuando se conoció que el hijo del presidente, a través de un breve mensaje por correo electrónico, informó sobre su renuncia irrevocable a la curul que ocupó como diputado de la oposición, argumentando que «acude a una cita con el país con el compromiso de contar la verdad».
Se espera que el próximo martes 8 de agosto, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental acepte la renuncia y notifique a la Registraduría para iniciar el proceso de elección de la persona que reemplazará a Nicolás Petro.
Una vez se conozca ese nombre, el nuevo diputado se posesionaría en la semana del 14 de agosto.
Cabe recordar que el hijo del presidente llegó a este cargo como diputado de oposición, cuando intentó ser elegido como gobernador del departamento del Atlántico.
Nicolás Petro en libertad, pero confinado en Barranquilla
En la tarde del viernes 4 de agosto, un juez decidió el futuro jurídico de Nicolás Petro Burgos, imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el marco del escándalo por dineros en el Atlántico.
Al hijo del presidente, aunque le dictaron una medida no privativa de la libertad, se le prohibió interactuar con cualquiera de las personas involucradas en este caso y de las cuales haya recibido dineros ilícitos. Además, se le negó salir de Barranquilla, ciudad en la que vive con su actual pareja, Laura Ojeda.
Adicionalmente, el juez 74 de control de garantías, Omar Beltrán Castillo, compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a Petro Burgos y Vásquez por presunto interés indebido en la celebración de contratos.
Esto se debe a que «habrían realizado maniobras delictivas para apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención de adultos mayores», refiriéndose a un contrato para la atención de personas de la tercera edad que se habría firmado entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.
