Agencia AP
Los jueces rechazaron las apelaciones presentadas por el Gobierno venezolano, que casi inmediatamente expresó su desacuerdo con la decisión
Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional dictaminaron ayer que puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Por su parte, Caracas expresó su desacuerdo con la decisión.
Marc Perrin de Brichambaut, juez presidente del panel de apelaciones, dijo que el tribunal “rechaza las apelaciones” presentadas por Venezuela.
ES UNA MANIOBRA
En tanto, el gobierno de Maduro expresó ayer en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la CPI y afirmó que “quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado (abierto)” en esa instancia judicial “responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
“Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la constitución”, destacó el escrito divulgado por el canciller venezolano Yvan Gil mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter.
Venezuela reiteró que como Estado tiene “derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuicia cualquier delito cometido en su territorio”, agregó el comunicado.
CASO POLITIZADO
Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la decisión y consideró que el caso es “a todas luces politizado, donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades (y) a nuestra fuerza armada nacional”, entre otros organismos de seguridad, que “han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra república, a favor del pueblo venezolano, frente al extremismo violento, frente al extremismo que por todas las vías a pretendido tomar el poder”.
En declaraciones difundidas por la televisión estatal, Rodríguez manifestó que los contactos con el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se mantendrán en atención al memorando de entendimiento en que el gobierno de Maduro se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.
“Hemos recibido al fiscal y lo seguiremos recibiendo”, acotó.
PROVEA APLAUDIÓ LA DECISIÓN
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más prestigiosas del país sudamericano, aplaudió la decisión al considerar que se trata de “un paso crucial en la lucha contra la impunidad en Venezuela”.
“En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro”, destacó Provea en un comunicado.
