|| David Marcano Duarte / Fernan Hernández
Desde la mañana de este miércoles están instalados los tres Tribunales de Ejecución de Aragua para evaluar cada caso y otorgar medidas o sentencias
Un significativo número de familiares de los internos que permanecen en el Centro de Atención al Detenido en La Morita II, municipio Francisco Linares Alcántara (FLA), del estado Aragua, no están de acuerdo con los traslados a otros centros de reclusión, petición central de los propios reos.
Consideran que la medida retrasaría el derecho al debido proceso judicial, ya que muchos están dentro de los 45 días reglamentarios para ser presentados ante los tribunales y la posibilidad de obtener libertad plena.
Hoy, horas después de haber retomado el control del recinto tras la liberación de cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se mantenían en cautiverio desde el pasado lunes, quedaron instalados tres Tribunales de Ejecución del estado Aragua, bajo la supervisión de Luis Enrique Abello, Jefe del Circuito Judicial Penal de la entidad y la presencia de fiscales del Ministerio Público, dirigidos por Franklin López, Fiscal Superior y representantes de la Defensoría del Pueblo.
El fin, es revisar y discernir sobre los expedientes de los 74 privados de libertad que permanecen en el centro, luego de haber autorizado el cambio a 30 de los internos, como parte del acuerdo logrado entre Fanny Márquez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los detenidos y en aras de minimizar el retardo procesal que alegaban como una de las causales del motín.
En este sentido, no se descarta que en las próximas 24 horas se otorguen medidas cautelares para los delitos menores y en el caso de los más graves, sean sentenciados de inmediato.
Se conoció que esta noche, al menos ocho de los privados esperaban por los fiadores para obtener una medida cautelar.
EL TRASLADO
De manera extraoficial, se pudo conocer que 30 de los 104 internos de este penal, que fue noticia en los últimos días, fueron enviados en horas de la madrugada de este miércoles hasta el Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón, municipio Zamora de la entidad, lo que dejó a 74 en el lugar.
En principio, la magistrada Fanny Márquez había informado que serían 20 traslados a Tocorón, 20 al penal de San Juan de los Morros e igual número a Tocuyito en el estado Carabobo.
MÁS DIFÍCIL
Una familiar de los detenidos que solicitó ser identificada sólo como “Liseth”, manifestó que una vez logrado el acuerdo entre las partes en horas de la noche del martes, no han recibido información acerca de la salud y estado físico de sus parientes.
Destacó que para las familias de los detenidos es cuesta arriba que sean trasladados a un centro de reclusión distinto, por lo costoso de la movilización y toda la logística que ello implicaría.
“Si nos resulta difícil económicamente hablando, visitarlos acá mismo en La Morita, ahora cómo será viajar a otro estado para saber de su salud”, acotó.
RECOGERÁN FIRMAS
Un grupo de personas que habita en la zona donde está ubicado el referido centro reclusorio en La Morita II, indicaron que por la seguridad de la comunidad es necesario que el lugar sea clausurado.
En opinión de los vecinos, ya dejó de prestar el servicio de seguridad para la que fue creada cuando era una comisaría.
Amable Guedez, Hortensia Díaz y Jenny Ochoa, hablaron por el grupo de vecinos del sector, al coincidir que no es la primera vez que ocurre una situación irregular como la vivida esta semana.
Mencionaron que en otra ocasión los vecinos organizados recogieron firmas para solicitar el cierre o traslado, pero a pesar de que hicieron todos los trámites correspondientes, no obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de las distintas instancias de Gobierno.
¿QUÉ PASARÁ CON LOS PNB?El Periodiquito conoció que al menos 16 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), responsables de la custodia de los 104 detenidos en este centro, serían sometidos a investigación por las denuncias formuladas, tanto por los privados de libertad, como por sus familiares, lo que causó el motín y secuestro de cuatro funcionarios por más de 30 horas. Sobre el órgano que asumiría las averiguaciones, podría ser la Inspectoría de Control de Actuación Policial, ubicada en Maracay. |
