El presidente de EE UU, Joe Biden, anunció este martes al Congreso de su país que pretende extender la Orden Ejecutiva 13.692, con la que se declaró a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de su país, “más allá del 8 de marzo de 2024”.
“La situación en Venezuela continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE UU por esta razón, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13.692 con respecto a la situación en Venezuela”, se lee en la misiva que envió el mandatario al Congreso norteamericano.
Desde que se declaró la emergencia nacional con respecto a Venezuela en 2015, el gobierno estadounidense la ha renovado sistemáticamente cada año.
La Casa Blanca volvió a señalar la “erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos (…) y la reducción de la libertad de prensa” entre las circunstancias que se dan en el país y que llevan a Washington a considerar que existe una situación de emergencia.
La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EEUU para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
Desde 2015, Estados Unidos ha emitido decenas de sanciones hacia Venezuela, entre ellas contra el presidente Nicolás Maduro y su círculo de allegados políticos y familiares y hacia PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana.
Maduro ha calificado a la sanciones de “terrorismo económico” hacia Venezuela y su gobierno denunció a Washington ante la Corte Penal Internacional por sus políticas, asegurando que son un crimen de lesa humanidad.
En los últimos tiempos, Washington y Caracas habían llevado a cabo un acercamiento que llevó a la flexibilización de algunas sanciones sobre el sector petrolero y a la liberación de diversos presos por ambas partes.
Sin embargo, en las últimas semanas la situación se ha estancado a raíz de lo que la oposición venezolana ha calificado como violaciones de los Acuerdos de Barbados, entre ellos, la inhabilitación de María Corina Machado.
