La directora de la ONG SOS Orinoco, Cristina Burelli, calificó de “ingenuos” a las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por pensar que al levantar las sanciones al oro y otorgar licencias a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), el Gobierno nacional volvería a producir oro de manera sostenible, sin el uso de mercurio y sin atacar zonas protegidas.
Burelli afirmó, que el Gobierno nacional empezó el modelo de negocio de “minería ilegal” antes de que se impusieran las sanciones.
Aseguró que el decreto del Arco Minero ha desatado un ecocidio, explotación desorganizada y criminal que ha devastado la salud de las tierras del sur de Venezuela y a las comunidades que las habitan.
“La minería o extractivismo siempre va a afectar al ambiente, pero en el siglo 21 hay maneras de hacerlo más sostenible y menos dañino y esto no se pone en práctica en Venezuela”, destacó.
La defensora de los derechos ambientales sostuvo que en Venezuela se expande la minería semimecanizada que utiliza mercurio “y es la propia Fuerza Armada la que impulsa el uso del mercurio”.
Esta acción afecta a las 27 etnias y comunidades indígenas que habitan al sur de Venezuela. “Estamos hablando de ecocidio, pero también se está acabando con la diversidad cultural indígena autóctona de nuestro país”.
Yapacana
En relación con lo que ocurre en Yapacana, Cristina Burelli comentó que aunque han salido muchos mineros, siguen otros trabajando, en una zona que es custodiada y controlada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“Tenemos información que la economía alimentada por la minería ilegal sigue”, sentenció.
|| Con información de Alberto News
