|| Ramón Guillermo Aveledo
Tenemos derechos en cuanto personas humanas, la Constitución es posterior a nuestra naturaleza y reconoce y garantiza nuestros derechos. La de 1999 es prolija al enunciarlos en un extenso Título III de ciento diez artículos sobre los derechos y garantías y seis de los deberes. En cuanto a las libertades, esenciales a la dignidad humana, destaco hoy la libertad de expresión del artículo 57, el derecho a la información del 58 que tiene dos caras, la de informar y la de estar informado y la libertad de conciencia del 61.
Pero no echo cuentos a quien sabe historias. Vivimos aquí y por lo tanto, estamos conscientes de la distancia, variable pero muy real, entre el dicho constitucional y el hecho social. Del acoso y la persecución, la censura y la autocensura aconsejada por el temor. Suscitado éste por el poder que lo impone o lo sugiere, o por la crispación de nuestra particular polarización que velozmente convierte en pecado imperdonable cualquier discrepancia, atacando moralmente a la persona en lugar de rebatir su idea.
Comiéndose la flecha constitucional y a contravía de los tratados suscritos por Venezuela y del sentido común, a través de la legislación se va levantando en torno a nosotros una cárcel sin barrotes. Van algunos ejemplos. La llamada Ley Resorte reformada en 2011 tiene ochenta y ocho supuestos de hecho sancionables y un artículo 29 tan genérico que deja amplísima discrecionalidad a la interpretación. Dirigida a otros propósitos, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo contiene disposiciones que dan manga ancha a la arbitrariedad por su impropia aplicación. La Ley “contra el odio” de 2017 es otra norma “daltónica” que al hacerla cumplir se penaliza unas opiniones mientras se garantiza impunidad a otras. La nueva legislación “para la defensa del Esequibo” censura las opiniones inhibiendo así la capacidad del país para analizar fortalezas y debilidades que nos permitan procurar mejor la reivindicación de nuestros derechos históricos. Por cierto, si viviera, el difunto comandante sería imputable por delitos allí establecidos. Y dos proyectos aprobados en primera discusión, el que regula la libertad de asociación en la sociedad civil y el más reciente, titulado irónicamente “contra el fascismo”, contienen disposiciones francamente restrictivas de derechos humanos garantizados en la Constitución y los tratados.
Cuando recientemente leí a una significativa vocera de la parcialidad en el poder, admitir abierta y valientemente que sentía miedo como nunca antes. No pude evitar releer la Anatomía del Miedo, el “tratado sobre la valentía” de Marina, “quien puede suscitar miedo se apropia hasta cierto punto de la voluntad de la víctima”. Ese es, ciertamente un riesgo personal, pero socialmente hablando es un peligro potencialmente mucho peor. Un país asustado no progresa.
