De acuerdo con los manifestantes, las granjas caninas y otros negocios relacionados deben seguir siendo legales, ya que, caso contrario, su fuente de ingresos se vería diezmada y una parte de la población quedaría privada de un platillo tradicional.
“Si tengo que cerrar (el negocio), con la situación financiera en la que estoy, realmente no hay respuesta a qué podría hacer”, señalo Lee Kyeong-sig, propietario de una granja en las afueras de Seúl en la que cría a unos 1.100 peros. “Llevo 12 años en esto y es tan repentino”, comentó sobre el plan de las autoridades surcoreanas de implementar la ley este año.
El objetivo principal del proyecto de ley radica en poner fin a cualquier actividad relacionada con la matanza, despiece y distribución o venta de carne de perro. La iniciativa prevé que se empiecen a reprimir tales actividades a partir del 2027.
Entretanto, según encuestas realizados en 2022, casi dos tercios no apoyan el consumo de la carne canina. Además, solo el 8% asegura que consume platillos de este tipo, una cifra significativamente menor respecto a la del 2015, que era del 27%.
