Más de 47.000 opositores al gobierno de Gustavo Petro protestaban el miércoles en las calles de Colombia con banderas del país y letreros que decían “¡Fuera Petro!”, en rechazo a su gestión y a las reformas que impulsa para modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral.
“No me ha parecido nada bueno, él quiere acabar con todo lo que se ha construido durante todos estos años. Es lo peor que le ha pasado a Colombia, la izquierda no es buena aquí ni en ninguna parte”, dijo a The Associated Press Aida Villamil López, una microempresaria de publicidad, mientras sostenía en el centro de Bogotá un cartel con la frase “Nuestra salud no se toca”.
Desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en Colombia, la oposición ha salido a las calles. Sin embargo, en esta ocasión la protesta ocurre un día después de que Petro midiera su respaldo político en movilizaciones nacionales y defendiera sus reformas desde el balcón presidencial ante cientos de simpatizantes.
Las marchas de la oposición fueron convocadas en las ciudades capitales del país como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. La policía reportó una afluencia aproximada de 47.000 personas en todo el país.
En Medellín, el alcalde Daniel Quintero informó a través de Twitter hechos de violencia contra “ciudadanos y funcionarios de la alcaldía y la gobernación”, sin aclarar si se registraron heridos, por lo que pidió a la policía desalojar a los manifestantes del área donde se ubican esas entidades. Algunos periodistas fueron abordados por manifestantes para impedir que continuaran con su trabajo.
Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, aseguró a The Associated Press que con su discurso desde el palacio el presidente le estaba advirtiendo al Congreso “o aprueban lo que yo traigo o el pueblo está conmigo”.
Petro subió al poder en Colombia, un país tradicionalmente liderado por conservadores y moderados, con la promesa de gobernar para las minorías y los pobres que en en el país alcanzan al 39% de la población, según cifras oficiales.
Desde la campaña política Petro ha intentado calmar el temor que genera en un sector de la población. La víspera aseguró que no busca virar hacia el socialismo sino hacia una “verdadera” democracia. Sin embargo, desde las calles, algunos arengaban “Y no, y no me da la gana, una dictadura como la cubana”.
Del paquete de reformas que el gobierno busca implementar sólo se conoce en su totalidad la que pretende reformar el sistema de salud para garantizar, según Petro, los servicios médicos en las zonas más pobres y remotas, así como dar más control de los recursos al Estado. Pero la propuesta ha recibido críticas por falta de claridad en su viabilidad económica y el papel de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que suelen ser privadas y actualmente se encargan de contratar a los centros médicos. El Congreso se prepara para iniciar su discusión.
En las calles de Bogotá, Jaime Fernando Vanegas, de 70 años, advirtió que la reforma podría “destruir” el sistema de salud en vez de corregirlo y consideró que los cambios propuestos por el gobierno retrocederían al país varias décadas. “Eso lo sabemos los mayores, el Estado manejando la salud fracasó”, indicó a AP.
Petro explicó la víspera que la reforma laboral buscará “estabilidad laboral” para más colombianos y dar recargos nocturnos a los trabajadores a partir de las seis de la tarde y los fines de semana, asegurando que los empresarios deben “ceder en su egoísmo” y no “esclavizar”.
Para Cadavid esa eventual ley sumada a una reforma fiscal que fue aprobada en diciembre pasado con mayores cargas a los más adinerados y al sector de hidrocarburos puede terminar por “asfixiar a los sectores productivos de Colombia” y generar más desempleo debido a que los empresarios, que en su mayoría son pequeños y medianos, no podrían cubrir los gastos.
Algunos manifestaron su preocupación por la transición energética que lidera el gobierno y que incluye no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, lo que ha causado incertidumbre en el gremio de la industria de hidrocarburos.
Alejandro Ospina Angarita, presidente de Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, salió a protestar por lo que considera una transformación del modelo energético acelerada, debido a que mientras otros países lo harán en décadas el gobierno de Petro planea ejecutarlo en “meses”.
“Eso lo que genera es destrucción del sistema económico, pérdida de empleo, empobrecimiento y construcción de ese modelo comunista que quiere (Petro)”, añadió Ospina.