El gobierno venezolano presentó este lunes ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) la apelación contra la decisión que autorizó la reanudación de la investigación en el asunto denominado “Venezuela I”.
A través del comunicado, argumenta que se incurrió en seis errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del derecho internacional.
La Sala de Cuestiones Preliminares I decidió el pasado 27 de junio de 2023 que debe continuar el proceso que inició la Fiscalía de la CPI en el 2018.
Por tanto, Venezuela afirma que este proceso “tiene una motivación política desde el 2018” y pese a que ha recibido en más de dos ocasiones al fiscal Karim Khan, con quien acordó abrir una oficina de asistencia técnica, mantiene su posición en contra del proceso.
Entre los argumentos que presentaron en esta apelación destacan que el examen preliminar “jamás se realizó conforme a los parámetros del derecho internacional y del estatuto de Roma”. Añadieron en un comunicado que “se impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa”.
Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares “desechó sin fundamentos” la mayor parte de las pruebas presentadas que demuestran la «productiva labor” del Sistema de Justicia en relación a la investigación y sanción de delitos contra los DDHH.
“Además, las pocas pruebas valoradas por dicha Sala fueron seleccionadas por la Fiscalía de la CPI en prejuicio de Venezuela”, reza el documento.
“Venezuela aspira que se retome el apego a la legalidad internacional y exige respeto a sus sistema constitucional de justicia, como pilar fundamental del Estado Democrático”, agregan.
Cabe destacar que el pasado 27 de junio, el Gobierno venezolano manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, de autorizar la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la CPI, en el caso llamado “Venezuela I”.
