|| Rodolfo Gamarra || Foto: Rodolfo Gamarra
Aragua en Red denunció que el CNE no presentó las fechas, ni las condiciones de las auditorías al REP
El movimiento Aragua en Red, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, rechazó en días pasados, el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar las elecciones presidenciales para el 28 de julio de este año, al considerarse como “una manipulación política que viola los acuerdos de Barbados y la tradición democrática del país”.
Así lo expresó Jesús Elorza, vocero de Aragua en Red, quien cuestionó que el CNE haya adelantado la fecha de los comicios que se realizaban en diciembre, para que el presidente electo asuma el cargo en enero o febrero del año siguiente.
También criticó que el ente electoral hiciera el anuncio el pasado 5 de marzo y fijado la fecha para el 28 de julio, que coincide con el nacimiento y la muerte de Hugo Chávez, “como una forma de manipular a las bases del chavismo y de usar un criterio esotérico en vez de uno político y democrático”.
Elorza señaló que el ente comicial incumplió los acuerdos de Barbados, que incluían el reconocimiento de los candidatos inhabilitados, la legitimación de los partidos políticos intervenidos y la realización de un proceso amplio y democrático.
Asimismo, denunció que el CNE no presentó las fechas ni las condiciones de las auditorías al registro electoral permanente, al sistema de votación y a la transmisión de datos, que son elementos fundamentales para garantizar la transparencia y la confianza en el proceso.
Elorza también hizo énfasis en el problema de la actualización del Registro Electoral, que, según dijo, excluye a más de cuatro millones de venezolanos, entre jóvenes que no se han inscrito, migrantes que no se encuentran reubicados y no regulados.
Exigió que el CNE abra jornadas con suficientes puntos de atención en todo el país y que busque una fórmula para atender el voto en el exterior, sin depender de la existencia de consulados o embajadas.
Finalmente, Elorza se refirió al problema de la postulación de los candidatos, que según la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, debe hacerse por los partidos políticos y no por los propios aspirantes.
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