En Estados Unidos ya parece darse por hecho que Citgo, clave para la recuperación económica de Venezuela, cambiará de propietario el próximo año.
Leonard Stark, funcionario del tribunal federal de EE UU que supervisa la subasta de acciones de la refinadora Citgo para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela, dijo que no buscará una oferta tipo “stalking horse bid” para fijar un precio mínimo por las acciones.
El término “stalking horse bid” hace referencia a una oferta inicial sobre los activos de una empresa en dificultades o en quiebra.
Según la agencia Reuters, la subasta podría convertirse en la más grande jamás celebrada en un tribunal, y se ha fijado provisionalmente la fecha de la audiencia final de venta para el próximo 15 de julio.
Robert Pincus, el juez especial que supervisa el proceso de subasta, escribió en el expediente que los posibles licitadores serán contactados por el tribunal o podrán solicitar su inclusión en el proceso de venta.
La subasta tendrá dos rondas de ofertas, la primera de las cuales, no vinculante, se celebrará el 22 de enero.
Numerosos acreedores han acudido a los tribunales estadounidenses para reclamar la suma de 23.000 millones de dólares, casi el doble del valor estimado de Citgo Petroleum, que explota una red de refinerías de petróleo capaz de procesar 807.000 barriles de petróleo diarios en Estados Unidos.
Para llevar a cabo el proceso de venta se ha contratado al banco de inversión Evercore Group, que ha recibido el visto bueno por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante cuatro años, el Departamento del Tesoro había protegido a Citgo, la joya extranjera de la corona venezolana, de ser embargada por los acreedores que debían miles de millones de dólares en reclamaciones contra Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado la subasta y ha dicho que la empresa refinadora ha sido “secuestrada” por Estados Unidos.
Sin embargo, la semana pasada el Departamento del Tesoro prorrogó hasta enero la licencia que protege a la refinería, con el fin de alentar la negociación de pagos entre las juntas que supervisan Citgo y algunos acreedores, lo que podría limitar el alcance de la subasta.
