Agencia EFE
Panamá y Colombia siguen en busca de un “punto en común” sobre cómo gestionar la crisis de migratoria y humanitaria que supone el paso por sus territorios de viajeros irregulares con destino a Norteamérica, ante la expectativa que la situación no se revertirá este año tras la cifra histórica de más de 520.000 de ellos en 2023.
Así lo afirmó ayer Juan Manuel Pino, ministro panameño de Seguridad Pública, tras una reunión con Iván Velásquez, titular del Ministerio de Defensa de Colombia, celebrada en la ciudad de Panamá para analizar temas de seguridad y migración.
Migrantes irregulares con nacionalidad de más de 60 países, aunque en su mayoría son venezolanos, cruzan varios países suramericanos antes de internarse en la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia y enlace entre Sur y Centroamérica por la que en 2023 pasaron más de 520.000 de estos viajeros, algo sin precedentes.
“Tenemos que buscar un punto en común, una reunión lo más próxima señor ministro, para ver cómo acordamos el tratar a este fenómeno, que en el 2024 vaticinamos no va a parar por los diferentes aspectos que ocurren en la región”, dijo Pino teniendo a su lado a Velásquez, como lo mostró un vídeo repartido a los medios por el Ministerio de Seguridad.
Según el ministro panameño, los Gobiernos de Panamá y Colombia están “conscientes” de que deben “buscar un punto en común” y “separar la parte humanitaria de la migración de lo que es el crimen organizado que se está aprovechando” de este fenómeno.
Mientras que Colombia deja pasar sin prácticamente restricciones a los migrantes irregulares, Panamá aplica un flujo controlado a través de un programa humanitario que incluye tomar sus datos biométricos, ofrecerles servicios sanitarios y de alimentación y vigilar su tránsito directamente hasta la vecina Costa Rica.
