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La ONG venezolana Fundaredes denunció este martes “el grave impacto ambiental y los destrozos” en el amazónico estado Bolívar, ubicado en el sur del país, por la explotación de oro que realizan empresas autorizadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Sin control alguno, continúa el grave impacto ambiental y los destrozos al pulmón vegetal en el estado Bolívar por parte de las empresas transnacionales autorizadas por el Gobierno nacional para la explotación del oro, aunado a las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
El activista de FundaRedes en Bolívar Darío Graffe aseguró que la situación “mantiene en constante amenaza la riqueza natural y mineral de la zona”. Enfatizó que los daños que esta práctica ilegal causa a la biodiversidad afectan también a la población que reside en la zona, pues la explotación incide en los servicios públicos.
“La minería irracional e ilegal devasta no solo nuestros bosques, sino que afecta terriblemente las reservas hídricas y, por consiguiente, a la población, menoscabando el derecho a la vida, a la salud y a contar con un ambiente sano”, apuntó Graffe, siempre según el comunicado.
En este sentido, Fundaredes responsabilizó al Estado de ser “indolente” ante las prácticas ejecutadas en esta zona venezolana y advirtió que es parte de las “tantas vulneraciones” de los derechos ambientales que tienen lugar las zonas que comprenden en el Arco Minero del Orinoco.
“Esta situación está llevando a esta población directo a una hecatombe ambiental. El Gobierno no pone freno al destrozo, solo busca enriquecerse y son los pueblos del sur los que pagan las consecuencias: sin agua, sin energía eléctrica, sin hospitales y sin atención social ni beneficios de ningún tipo”, apostilló el activista de Fundaredes.
