Agencias Nacionales
Consideran este nuevo gravamen como “regresivo” al tiempo que “los contribuyentes están confundidos”
La entrada en vigencia de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, a partir de ayer, está acompañada de la confusión por parte de los contribuyentes, según expertos en materia económica.
En Gaceta Oficial N° 42.339 con fecha del 17 de marzo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) estableció los parámetros para el cobro del arancel.
El documento legal designa a los sujetos pasivos especiales, calificados y notificados de esta forma por el Seniat, y según sus ingresos anuales, como agentes de percepción del tributo.
Es decir, los mismos serán los encargados de cobrar el impuesto por los pagos recibidos en cualquier moneda distinta al bolívar o en criptomonedas diferentes al petro, con el fin de entregarlo al fisco nacional.
La alícuota, establecida en el artículo 24 de la ley, se fijó en 2% para operaciones en moneda local y criptoactivos emitidos por el país. Mientras que para las transacciones que involucren pago en moneda extranjera y criptomonedas diferentes a las emitidas por la República será de 4%.
Leonardo Buniak, economista y especialista en finanzas internacionales, señaló que “los contribuyentes están confundidos porque hay muchas áreas grises en este impuesto”. Asimismo, aseguró que “los sujetos pasivos no están listos” para cobrar las cuotas. Explicó que esto se debe a que, en su mayoría, los encargados de realizar el cobro “no tienen las máquinas fiscales”.
Además, a aquellos que “deben hacerles modificaciones administrativas e informáticas, les sale más barato comprar una máquina nueva”.Detalló que en las actualizaciones necesarias para los equipos fiscales alcanzan los “3.000 dólares, según sea el caso”.
Por otra parte, explicó que, ante la desinformación, que ha generado cierta desconfianza en los contribuyentes, “la clientela venezolana evitará hacer compras y pagar en moneda extranjera”.
La presidente de Consecomercio, Tiziana Polesel, coincidió con lo expuesto por Buniak. Aseguró que la medida se tomó sin realizar conversaciones previas con el sector productivo, para lograr acuerdos favorables para todas las partes. Ante las condiciones que se presentan, los expertos reiteraron la necesidad de prorrogar la entrada en vigencia de la ley.
Héctor Orochena, especialista en Ciencias Fiscales de la Escuela Nacional de Hacienda Pública, Consultor y Auditor Tributario, consideró inoportuna la entrada en vigencia de la medida. Explicó que “la providencia 013 establece una serie de requisitos y condiciones que hacen que la adaptación de muchos sistemas de informática, sistemas de facturación e incluso las máquinas fiscales no sea posible para este lunes (ayer)”.
